El Parlamento Europeo ha aprobado, como se preveía, la directiva de retorno de inmigrantes irregulares, que fue acordada por unanimidad a principios de este mes por el Consejo de Ministros de Interior de la Unión Europea (UE). Aunque se anunciaba una votación larga y dura por las divisiones que había entre los europarlamentarios, finalmente el documento ha salido adelante sin enmiendas por 369 votos a favor y 197 en contra. Ahora, los países de la UE tienen dos años de plazo para trasladar la normativa a sus respectivas legislaciones nacionales.
El texto, que entrará en vigor en julio de 2010, establece una serie de criterios mínimos comunes en los 27 países miembros de la UE, entre ellos un internamiento de los inmigrantes que no dispongan de papeles de hasta seis meses ampliable a 18 en casos excepcionales en que haya problemas de identificación. Asimismo, fija un mínimo común de garantías sobre las condiciones en que se deben realizar las expulsiones de estos inmigrantes.
Se establece además un retorno voluntario de un periodo de siete a 30 días para que los inmigrantes abandonen el país. Si hay riesgo de evadir la acción de las autoridades o para la seguridad nacional, el tiempo podrá ser inferior a esos siete días.
En el caso de menores que estén solos, el país deberá tener en cuenta «el mejor interés» para ellos a la hora de decidir su expulsión. Será requisito fundamental para devolver a un menor de edad a su lugar de origen, entregarlo a miembros de su familia, a un tutor o a una institución debidamente acreditada.
El documento ha salido adelante sin enmiendas por 369 votos a favor y 197 en contra
Respecto a la asistencia jurídica gratuita, los inmigrantes irregulares tendrán derecho a este auxilio pero con una serie de salvaguardas. Así, esa asistencia legal de oficio se dará en las mismas condiciones que actualmente se ofrece a los solicitantes de asilo. Este mecanismo prevé que la asistencia jurídica sea gratuita según estipulen las leyes nacionales, mientras que la ayuda gratuita en las apelaciones a las decisiones de expulsión solamente se daría cuando hubiera posibilidades reales de éxito y tendría límites de tiempo y de cantidad económica.
División
La directiva había provocado grandes divisiones entre las distintas formaciones políticas que forman la Eurocámara. Los socialistas, excepto algunos diputados de ciertos países como España, se oponían a la norma. Dentro de las filas del Partido Popular Europeo también había discrepancias (la derecha belga estaba en contra), mientras que Los Verdes e Izquierda Unitaria estaban a favor de rechazarla.
Para el secretario de Estado español de Seguridad, Antonio Camacho, el texto supone un «avance importante» a favor de dar garantías jurídicas a los inmigrantes, ya que, aunque reconoció que esa mejora podía haber sido mayor, se establecen garantías «donde no las había». En este sentido, apuntó que en 17 países de la UE se establecen plazos de retención mayores a seis meses y en nueve no hay plazo máximo, por lo que los inmigrantes indocumentados pueden ser retenidos de forma indefinida.
Respecto a la trasposición de la normativa a la legislación española, Camacho aseguró que no tendrá repercusiones «ya que estamos muy por encima del marco mínimo» que aparece recogido en la misma.
Rechazo de las ONG
Las organizaciones no gubernamentales (ONG) han atacado duramente la directiva. Según la Red Euromediterránea de Derechos del Hombre, que reúne a 80 ONG de 30 países europeos y ribereños del Mediterráneo, ésta «no garantiza el respeto de los derechos fundamentales». A su juicio, el texto «no fija las normas suficientes para la protección de los derechos de los inmigrantes, y, por lo tanto, no respeta las normas y principios internacionales».
Los inmigrantes que no dispongan de papeles podrán ser recluidos hasta seis meses o incluso 18 si hay problemas de identificación
La Red considera «inaceptables» las disposiciones que regulan el tiempo máximo de retención de los irregulares, la prohibición de entrada en el territorio, y el tratamiento de las personas vulnerables y de los menores no acompañados.
Médicos del Mundo, por su parte, exigía la inclusión en la directiva de la no repatriación por motivos humanitarios de personas con enfermedades que no pueden ser tratadas en el país de origen, algo que finalmente no se ha producido.
Amnistía Internacional (AI) tampoco se ha ahorrado las críticas. La secretaria general de esta organización, Irene Khan, denunció que la directiva permite que los socios europeos «retengan a personas que no han cometido ningún crimen, incluyendo a menores, hasta durante un año y medio». Según Khan, la «detención sólo puede llevarse a cabo en casos excepcionales, siempre durante el periodo más corto posible y no debe ser prolongada ni indefinida».
La responsable de AI admitió que «son necesarios unos requisitos» comunes para el retorno de los irregulares, pero puntualizó que las normas europeas «no deben aprobarse a cualquier precio». Por ello, instó a los eurodiputados «a rechazar el actual compromiso», así como a asegurarse de que se incluyan «salvaguardas efectivas» de que las devoluciones se realizan con el pleno cumplimiento de los derechos fundamentales.
