Después de muchos años de trabajo por parte de los grupos parlamentarios y de organizaciones de infancia como UNICEF, el pasado 20 de mayo se aprobó la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI). Una gran noticia, ya que esta ley contribuirá a generar entornos más protectores para los niños, niñas y adolescentes. En las siguientes líneas explicamos por qué es tan necesaria en nuestro país y hacemos un repaso a los cambios más destacados que introduce.
La nueva ley entiende por violencia “toda acción, omisión o descuido que priva a las personas menores de edad de sus derechos y bienestar, que amenaza o interfiere su ordenado desarrollo físico, psíquico o social, con independencia de su forma y medio para cometerla, incluyendo la violencia digital”. Pero en ocasiones no somos conscientes de que la violencia sucede en los ámbitos más cotidianos de la vida de los niños y niñas: en el ámbito familiar, en la escuela, en espacios deportivos o en Internet. Cuando la violencia se produce, resulta fundamental una rápida identificación y una atención lo más eficaz posible. Gracias a la nueva ley, los niños, niñas y adolescentes estarán ahora más protegidos.
La necesidad de esta ley
Organizaciones como UNICEF llevan años solicitando esta ley, ya que, según las estadísticas oficiales, la violencia contra los menores no deja de crecer. Ya en la Convención sobre los Derechos del Niño aprobada en 1989 se establece que los Estados firmantes deben adoptar todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas oportunas para proteger a los niños y niñas contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual.
De hecho, en los últimos años el Comité de los Derechos del Niño ha recomendado al Estado en reiteradas ocasiones que se aprobase con carácter de urgencia una ley integral frente a la violencia hacia la infancia. Y la propia Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible fija como una de sus metas reducir significativamente todas las formas de violencia, así como “poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños”.
Desde UNICEF se piensa que, en situaciones de violencia, atender a los niños y niñas supone haber llegado demasiado tarde. Por eso, mediante esta ley se ponen todos los esfuerzos en generar entornos protectores: espacios seguros física y emocionalmente, con adultos conscientes de su papel protector, donde sea difícil cometer un abuso o acto violento. Pero si lamentablemente llega a ocurrir, la ley contempla que el hecho sea rápidamente detectado y atendido de la mejor manera.
Sin duda, los niños y niñas necesitan que la sociedad no mire hacia otro lado o justifique actitudes violentas hacia ellos y ellas que no serían tolerables hacia personas adultas.
- Entrevista con Alberto Soler, psicólogo: “Muchas veces toleramos actitudes hacia la infancia que no toleraríamos en otros grupos de edad o colectivos“
Una ley integral
Esta nueva ley abarca todos los puntos referidos a la violencia: desde la sensibilización, pasando por la prevención e identificación, hasta el tratamiento y reparación del daño.
Su carácter integral queda también reflejado en la idea de que es necesaria la participación de todas las personas y agentes para detener la violencia, incluidos los niños, niñas y adolescentes, a quienes se les ofrecerá una educación que les proporcione herramientas para su autoprotección.
Además, establece nuevas obligaciones y formas de actuar para los sectores y profesionales que trabajan con la infancia y adolescencia, sobre todo para aquellos con mayor poder de decisión sobre sus vidas: educadores, sanitarios, personal de servicios sociales, instructores de deporte y ocio, cuerpos policiales y profesionales del ámbito judicial.
¿Qué cambios incluye la nueva ley?
Desde UNICEF se ha publicado una guía para que las familias conozcan toda la información sobre la nueva ley y sepan de qué forma influirá a sus hijos e hijas. No obstante, estos son los cambios más destacados:
Centro educativo
Una de las principales novedades de la ley está vinculado con la escuela. Los centros escolares son espacios muy relevantes en el desarrollo de nuestros hijos e hijas, y por eso es uno de los puntos en los que la ley pone el foco. ¿De qué manera? Establece que se exija el compromiso expreso de la dirección y de todo el profesorado y profesionales para hacer de su centro un entorno protector y realizar una supervisión minuciosa de todo el personal que se contrata.
Se introduce también una figura obligatoria para todos los centros educativos: el coordinador de bienestar y protección. Sus principales funciones serán organizar planes de formación sobre prevención, detección precoz y protección, coordinar los casos que requieran intervención de los servicios sociales, promover el bienestar y la cultura del buen trato entre los alumnos, fomentar métodos de resolución pacífica de conflictos e informar a todo el personal sobre los protocolos para la prevención y protección de cualquier forma de violencia.
Además, se establecen protocolos de actuación específicos contra el acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género, violencia doméstica, suicidio y autolesión, así como cualquier otra manifestación de violencia.
Actividades deportivas y extraescolares
En las actividades deportivas o extraescolares también se crea la figura de delegado de protección, a quien los y las menores podrán acudir para expresar sus inquietudes. Esta figura también será responsable del cumplimiento de los protocolos establecidos para la protección de la infancia y adolescencia y deberá comunicar los casos en los que se haya detectado una situación de violencia.
Además, los y las profesionales que trabajen en estos entornos deberán recibir una formación que les permita atender de forma adecuada las diferentes aptitudes de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad.
Ámbito penal y judicial
Otra de las novedades más importantes que introduce esta ley es que extiende el tiempo de prescripción para los delitos más graves (tentativa de homicidio, lesiones, maltrato habitual, delitos contra la libertad, trata de seres humanos y contra la libertad sexual). El plazo empezará a contar desde que la víctima cumpla los 35 años, y no como hasta ahora, que era a partir de los 18. Esta ampliación supone un gran avance, ya que está demostrado que las víctimas necesitan tiempo para procesar y asimilar ciertos sucesos y a menudo les lleva años decidirse a denunciar.
Con respecto a los y las menores de 14 años que deban intervenir como víctimas o testigos en un procedimiento judicial por un delito de violencia, sus declaraciones servirán como prueba preconstituida, para así evitar que tengan que repetirlas durante el juicio y revivan el suceso, con el daño añadido que les pudiera generar.
Como en el resto de ámbitos, esta ley contempla la formación en derechos de infancia para las carreras judicial y fiscal, exigida por toda la normativa internacional. Además, prevé una futura especialización de los órganos judiciales con equipos formados que conozcan en profundidad los asuntos relativos a los niños, niñas y adolescentes.
Esta nueva ley es, por tanto, un instrumento crucial para la protección de los niños, niñas y adolescentes ante la creciente violencia que les afecta de forma directa y desproporcionada. Gracias a ella, será más rápida su identificación y la atención será más personalizada, lo que repercutirá en una mayor y mejor protección y un correcto desarrollo de los menores.
