Los desplazados y apátridas

La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 considera como tal a las personas que sufren una persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas. Como consecuencia de esta situación, las personas refugiadas se encuentran fuera del país de su nacionalidad y no pueden, o no quieren, acogerse a la protección de éste. Ni siquiera desean regresar a él por temor a represalias. En su lugar, huyen a los países del entorno para solicitar asilo o se ven abocadas a una situación de ilegalidad obligada porque nadie les concede ese derecho. Según datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el número de refugiados bajo el mandato de esta agencia aumentó el pasado año por primera vez desde 2002. En concreto, esta cifra se incrementó un 14% hasta alcanzar casi los 10 millones. El conflicto de Irak está en el origen de esta subida, ya que el país cuenta con dos millones de desplazados internos y otros dos millones de personas fuera, en su mayoría, acogidas por Siria y Jordania. “El panorama no es muy alentador. Sigue habiendo conflictos, intolerancia y violencia que provocan el desarraigo de millones de personas en todo el mundo”, lamenta la responsable de Relaciones Externas de la delegación en España del ACNUR, María Jesús Vega Pascual.

Por nacionalidades, el mayor grupo de personas refugiadas bajo el mandato del ACNUR el pasado año fue el de los afganos (2,1 millones), seguido por iraquíes (1,5 millones), sudaneses (686.000), somalíes (460.000) y refugiados de la República Democrática del Congo (400.000) y Burundi (400.000). También aumentó considerablemente el número de desplazados internos por conflictos como los de Líbano, Sudán, Sri Lanka o Timor Leste. Según el Centro de Monitoreo de Desplazados Internos del Consejo Noruego de Refugiados, a finales de 2006, el número de desplazados internos en todo el mundo era de 24,5 millones. Todas ellas son personas que no tienen acceso a un sistema de protección ni de asistencia porque no cuentan con un organismo oficial que las proteja y las ONG no siempre pueden llegar hasta lugares remotos para prestarles ayuda. El dato es alarmante: las personas apátridas, aquellas que no poseen ninguna nacionalidad, llegaron hasta los 5,8 millones.

Para Virginia Álvarez, responsable de Relaciones institucionales y Política interior de Amnistía Internacional, lo más preocupante es que, a pesar de estas cifras, “las políticas de países europeos y de Estados Unidos están negando esta realidad, registrándose un descenso del número de refugiados que son reconocidos como tales”. Asegura que hay instrumentos suficientes para garantizar la protección de las personas refugiadas, pero que falta voluntad por parte de los Estados para aplicarlos. De hecho, recuerda que la Convención de 1951 fue firmada y ratificada por España, así como por países del entorno europeo, pero que estos recurren a políticas centradas únicamente en el control y obvian que existe una obligación de facilitar este tipo de mecanismos. “Esto se traduce en que cada vez hay menos refugiados en Europa y cada vez se van recibiendo menos solicitudes”, precisa.

El último informe sobre “La situación de los refugiados en España”, de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), recoge el descenso del número de estatutos de refugiado concedidos en 2006. En total, 5.297 personas solicitaron el pasado año este estatuto en nuestro país, de los que se concedieron 168. El año anterior se solicitaron 5.257 y se concedieron 201. “Cada vez hay menos personas que tienen acceso al derecho de asilo y que se quedan en las fronteras de la Unión Europea”, denuncia la Secretaria general de la comisión española de CEAR, Amaya Valcárcel. Un caso muy concreto es el de países como Congo o Costa de Marfil, donde la situación de violencia que se vive hace que sus habitantes intenten escapar hacia el norte de África, para llegar luego a Europa. Un reto casi imposible. “En primer lugar, porque se topan con las vallas de seis metros de Ceuta y Melilla, y en segundo lugar, porque cada vez hay más medidas policiales”, describe Valcárcel. Desde 2001, existe una tendencia descendente casi unánime en la Unión Europea: en 1995 Alemania concedió el estatuto de refugiado a 23.468 personas, mientras que en 2005 los 25 países de la UE otorgaron esta protección a 25.000 personas.

Los requisitos que se exigen para obtener asilo son cada vez más difíciles de cumplir. Las agencias de ayuda a refugiados solicitan que se tengan en cuenta criterios como el idioma y los lazos culturales o familiares con España para facilitar la entrada, por ejemplo, de personas procedentes de América Latina y África. “De lo contrario, acceder por los canales regulares es cada vez más complicado, lo que empuja a muchas personas a ponerse en manos de mafias y traficantes”, advierte María Jesús Vega Pascual. También desde Amnistía Internacional, Virginia Álvarez censura que en España “no hay procedimientos adecuados” para garantizar la protección de quienes solicitan asilo y afirma que la asistencia jurídica no siempre permite a los refugiados plantear sus motivos de persecución. La consecuencia de esta situación es que muchos refugiados se ven obligados a permanecer en países como Libia, Túnez o Marruecos, “donde puede haber presencia del ACNUR, que puede reconocerles como refugiados bajo mandato, aunque eso no significa que sus derechos se garanticen”, agrega Valcárcel.

Cuando llegan a España, las dificultades son otras. La inseguridad jurídica y la situación económica en la que viven les impiden encontrar un alojamiento adecuado. Muchos quedan en la marginalidad y viven en las calles. En cuanto a la inserción laboral, suele estar reservada a empleos más duros y peor retribuidos, lo que genera una frustración al no poder retomar sus profesiones. A menudo, los países de acogida no tienen en cuenta que las personas refugiadas huyen de situaciones dramáticas. Casi sin posibilidad de elegir, escapan adonde pueden. En la mayoría de los casos, se trata de países del entorno donde acaban en campamentos “en muy malas condiciones”. “En África hay campamentos de refugiados que no ofrecen las mínimas garantías”, señala Álvarez. El informe de CEAR destaca que ‘Un paso adelante’ es el programa financiado por el Fondo Europeo para los Refugiados, destinado a los solicitantes de asilo inadmitidos a trámite o denegados que han recurrido sus resoluciones administrativas. Este Fondo permite un acompañamiento social y concede un conjunto de prestaciones económicas para la cobertura de necesidades básicas durante un periodo de tres meses. España se ha comprometido a destinar 14,3 millones de euros en concepto de ayuda de emergencia para los refugiados y a crear otro fondo de reserva específico para las necesidades que puedan tener los refugiados de crisis humanitarias.

El descenso de las solicitudes de asilo y de las concesiones del estatuto de refugiado parece constatar la crisis del derecho de asilo. Desde CEAR aseguran que se pueden hablar de crisis porque las causas que convierten a una persona en refugiado no han cambiado, “mientras los férreos controles fronterizos obstaculizan la llegada de inmigrantes y refugiados y la respuesta política se concentra en protegerse del efecto llamada”. Si bien los recursos nunca son suficientes para cubrir todas las necesidades y programas de atención a refugiados, existen y puede recurrirse a ellos. “Lo que ocurre es que los refugiados son vistos como una carga”, subraya María Jesús Vega Pascual. Paradójicamente, los países más desfavorecidos son los que mayor número de refugiados acogen.

Otro hecho que confirma la crisis del derecho de asilo es que las fronteras se están cerrando en Europa y en países que tradicionalmente estaban abiertos a recibir refugiados. Según Amaya Valcárcel, “un ejemplo clarísimo es Kenya”. Durante años, este país africano ha abierto sus puertas a refugiados sudaneses, etíopes y somalíes, a los que denegó la entrada el año pasado. Otro ejemplo es Tailandia, un país que progresivamente va cerrando sus puertas y expulsando a los refugiados birmanos. Existe una tendencia generalizada a cerrar estas fronteras, lo que aumenta el número de desplazados y hace que el 90% de las personas refugiadas estén en países empobrecidos. Los países más desarrollados tienen una sensación de avalancha, pero las cifras de personas que llegan son ridículas comparadas con las de otros lugares. Sólo en los campamentos de Tanzania hay 200.000 refugiados.

En todo esto, ayuda poco que la imagen de los refugiados se asocie con una imagen negativa de la inmigración, delincuencia o terrorismo. Algunos países firmantes de convenios de protección de refugiados aluden sus responsabilidades y obligaciones internacionales con la excusa del aumento de la inmigración irregular. A esto se añade la disparidad de criterios dentro de la UE para conceder el asilo. “Hay nacionalidades que en un país están consiguiendo protección y, en cambio, no reciben ningún tipo de protección en otros”, revela Álvarez. Esto sucede porque cada país tiene sus propios procedimientos para conceder asilo. Los hay que prestan demasiada atención a la documentación de los refugiados sin pensar que, cuando una persona huye de su país, no siempre tiene tiempo de hacerlo con todos los papeles. Incluso, salir del país con pasaporte puede poner en riesgo la vida de quienes necesitan ocultar su identidad. “El Estado debe arbitrar medidas para impedir que estas personas, por su situación de irregularidad, puedan verse sometidas a tratos que no son aceptables”, concluye Álvarez.