Menores extranjeros no acompañados

Los menores extranjeros no acompañados son los que aún no han cumplido 18 años y se encuentran, generalmente en un país que no es el suyo, separados de ambos padres. Se calcula que en España hay algo más de 3.800 menores en esta situación, “aunque es difícil obtener datos oficiales”, según explica la responsable del programa de menores extranjeros no acompañados de Save the Children , Almudena Escorial. “Estos menores tienen mucha movilidad; pueden llegar a un centro de protección, inscribirse con un nombre, y después ir a otro centro y dar otro nombre”, aclara. Su llegada a la península y, cada vez más a las islas, se produce durante todo el año, aunque es en verano cuando las cifras se incrementan debido al buen tiempo y la entrada de un mayor número de pateras. No obstante, su modo más frecuente de llegar a España se produce a través del puerto de Tánger, donde aprovechan para esconderse en los bajos de los camiones y cruzar así la frontera. “También pueden llegar acompañados de una persona adulta que, en teoría, se responsabiliza de ellos, pero al llegar a la península cada uno sigue su camino”, apunta Escorial.

España es uno de los países con mayor número de menores extranjeros no acompañados. La mayoría son chicos marroquíes entre 14 y 17 años, con distintos perfiles sociales. Un informe de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía sobre la situación familiar de origen de los menores que emigran desde Marruecos a España (de junio de 2006) detalla que el 40% de los “candidatos a la emigración” son menores que tienen dificultades en su escolarización y una primera experiencia de trabajo. Son jóvenes que viven en un ambiente familiar estable, pero con dificultades económicas. El colectivo con menos posibilidades de salir del país es el que está compuesto por menores escolarizados cuya familia cubre las necesidades básicas (10%), seguido de quienes “han hecho de la calle su modo de vida” (15%). Este último dato, según la asociación, pone de manifiesto que no son los menores -a priori más problemáticos- quienes emigran principalmente a España, como nos lo presentan los discursos catastrofistas de los medios de comunicación y de las autoridades públicas.

En cuanto al lugar de origen, además de Marruecos, otros puntos importantes son países del África Subsahariana y, en menor medida, de Europa del Este. La mayoría huye de la pobreza y la marginación de su país, con el objetivo de encontrar un empleo que les permita ayudar económicamente a sus familias. Una vez en su destino, recurren a sus compatriotas para encontrar alojamiento y un modo de buscarse la vida. No tienen miedo a la movilidad geográfica y son, en palabras de Paloma Hermoso, técnico de Infancia en dificultad y coordinadora de programas de menores inmigrantes no acompañados del departamento de Intervención Social de Cruz Roja Española, “como bandadas de peces, que se van moviendo por las provincias españolas intentando estabilizarse en alguna de ellas”. “Son chavales que no vienen por gusto ni de excursión, sino en busca de unas condiciones de vida dignas, de un futuro”, añade. De hecho, en su mayoría son menores que no cuentan con el apoyo expreso de la familia, sólo con un apoyo tácito de sus padres, según revela el informe de la APDHA, “que se sienten impotentes ante las pocas perspectivas de futuro que se ofrecen a sus hijos”.

Los menores extranjeros no acompañados que llegan a España se encuentran con frecuencia en situación irregular. No disponen de un permiso de residencia y, mucho menos, de un permiso de trabajo. La Convención de los Derechos del Niño recoge que todos los niños y niñas deben ser tratados “de la misma forma” que los menores españoles. Esto significa que todos sus derechos deben estar garantizados y todas las decisiones que se tomen deben ser “acordes a su interés y bienestar”. En la práctica, más de 60 ONG denunciaron el verano pasado la “angustiosa situación” de los menores extranjeros no acompañados que vivían entonces en Madrid bajo la protección del Estado. En un manifiesto conjunto, la Plataforma de Organizaciones de Infancia y CEAR, entre otras, advirtieron de la situación de desprotección de este grupo y el “abuso a los derechos humanos” al que era sometido.

Cuando un menor indocumentado es localizado en España, el protocolo de actuación del Observatorio de la Infancia, dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, establece la necesidad de poner en conocimiento del Ministerio Fiscal esa situación.

Posteriormente, si la minoría de edad es comprobada, se da cuenta en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados, de la Dirección General de la Policía. En caso contrario, se realizan las pruebas médicas correspondientes para determinar la edad. El problema, según Paloma Hermoso, es que esas pruebas suelen reducirse a una comprobación oseométrica, es decir, una radiografía de los huesos de la muñeca. El margen de error de esta prueba es de unos dos años, “aunque se toma como referencia un modelo caucásico de humano, que nada tiene que ver con los chavales marroquíes”, critica Hermoso, para quien el resultado puede dar, “fácilmente”, una edad que no se corresponde con la real.

Pese a todo, cuando se cree conocer la edad del menor y se procede a su registro, se comunica el hecho a la entidad pública de protección de menores, que le asigna una plaza en un centro de acogida. En este caso, se intenta que en el mismo centro convivan también chicos y chicas españoles, para favorecer la integración de los inmigrantes. El siguiente paso es intentar localizar a la familia del menor a través de la oficina consular del país del que presumiblemente procede -por miedo a ser expulsados los menores pueden mentir sobre su lugar de origen o identidad- y culminar el reagrupamiento con su familia. Cuando esto no es posible se decide su permanencia en España, debido a tres razones:

• El menor no ha podido ser identificado.
• Su familia no ha sido localizada o en su país no existe un organismos de tutela de menores que se pueda hacer cargo de él.
• Se comprueba que hay riesgo o peligro para su integridad.

En este último supuesto, cuando el menor es autorizado a quedarse en España la Administración cuenta con nueve meses para regularizar su situación. Mientras tanto, en el centro de acogida se le facilita una tarjeta sanitaria y formación para que aprenda una profesión. En este contexto, Cruz Roja Española y Nokia pusieron en marcha hace un año el programa CRoNO, cuyo fin último es la plena integración de menores inmigrantes no acompañados, a través de prácticas de inclusión social y educativa. Paloma Hermoso explica que se trata de una iniciativa a tres años, “en principio hasta 2009”, que cuenta con una financiación de 600.000 euros. En total, consta de cinco proyectos: tres de intervención directa que se realizan en Guipúzcoa, Madrid y Lanzarote, un programa de ayudas económicas para gastos específicos (compra de material de trabajo, cursos, etc.) y un manual de buenas prácticas. “Hasta ahora, no había ningún documento que explicara cuál es una buena práctica a la hora de poner en marcha un servicio de intervención con estos jóvenes, porque el problema fundamental es que, según quién les mire, les ve como niños o como inmigrantes”, aclara Hermoso.

Los proyectos de intervención, por su parte, tratan de solventar las carencias a las que se enfrentan los menores inmigrantes. Por una parte, la intervención educativa les permite aprender castellano y acceder a estudios o, incluso, prácticas en empresas. Además, se organizan actividades de ocio y tiempo libre para fortalecer sus redes de apoyo y evitar que se acerquen a conductas consideradas de riesgo, y se les incluye en un programa de acompañamiento. Esta última iniciativa ha permitido la creación de una figura totalmente nueva: el referente comunitario, una especie de hermano o hermana mayor que les acompaña y atiende en sus necesidades específicas. Esta figura les ayuda a agilizar el papeleo para regularizar su situación o les enseña a moverse por la ciudad en transporte público. “No hay que olvidar que son adolescentes y que tienen los mismos problemas que soporta cualquier otro adolescente español”, apunta Paloma Hermoso.

Los menores extranjeros no acompañados que llegan al territorio español deben, en principio, estar a cargo de las comunidades autónomas. Éstas cuentan con un plazo de nueve meses para tomar una decisión sobre su futuro, que puede ser la regularización o la repatriación. Las dificultades surgen cuando, transcurridos estos nueve meses, el menor cumple 18 años y se convierte en un inmigrante adulto en situación irregular, “que se queda en la calle”. Para Almudena Escorial, esto es “un sinsentido”, porque significa que no se cumple con el objetivo de protección de los menores, al que España se comprometió al firmar la Convención de Derechos del Niño y que es “conseguir que a los 18 años tenga autonomía y pueda valerse por sí mismo”. “Es una situación grave”, insiste.

Si se intenta la repatriación y ésta no se consigue, la Ley Orgánica 4/2000 sobre los derechos y libertades de los extranjeros en España establece la necesidad de otorgar la autorización de residencia. No obstante, aunque ésta se conceda, se puede repatriar al menor más adelante si se da la posibilidad o el hecho de no contar con permiso de residencia. En cualquier caso, no es un obstáculo para acceder a programas de educación o formación. Asimismo, cuando se alcanza la mayoría de edad sin obtener el permiso de residencia, la Ley permite conceder una autorización temporal por circunstancias excepcionales a quienes hayan participado “adecuadamente” en las acciones formativas y actividades de la entidad que se encarga de su protección. “Si se considera que el menor ha cumplido con todos los requisitos establecidos por la Ley, hay ciertos puentes, pero esto ocurre en muy pocos casos porque no es obligatorio”, advierte Almudena Escorial.

La consecuencia de este proceso es, según la responsable de Save the Children, que muchos niños no aguantan en los centros hasta los 18 años e intentan “buscarse la vida” antes. El miedo a la repatriación es muy fuerte y, de hecho, según un informe del Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid, entre el 70% y el 80% de los menores reagrupados intentan regresar a España. “Para ellos es un fracaso ante sus familias y muchos prefieren quedarse, por ejemplo, en el puerto de Tánger malviviendo hasta conseguir cruzar otra vez”, explica Escorial.

El pasado año, fueron repatriados un total de 111 menores. Por ello, las ONG reclaman una solución “duradera” o que, al menos, esta operación se realice con garantías, atendiendo al interés del niño. “Se han ‘congelado’ ya varias repatriaciones porque no se hace con toda la claridad con la que deberían hacerse”, subraya Paloma Hermoso. Según explica, las peticiones de los menores no siempre son escuchadas, por lo que acaban en un avión, camino de su lugar de origen, “casi sin tiempo para llamar a su familia y decirle que van”. “La policía acude por la noche al centro, meten al joven en el avión y lo envían a Marruecos”, describe. Las situaciones más preocupantes se dan en las provincias o localidades que soportan una mayor presión migratoria, como Canarias, Andalucía, Madrid, Barcelona, Ceuta y Melilla. “España tiene uno de los sistemas legales mejores de Europa respecto a estos menores, pero se falla en la aplicación”, denuncia Almudena Escorial.