«De las 280.000 personas con discapacidad intelectual que se estima existen en nuestro país, únicamente se beneficiarían de la cobertura del Sistema Nacional de Atención a la Dependencia entre 30.000 y 50.000», asegura la Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS). Ése es el cálculo que el «Observatorio del Entorno» de FEAPS ha realizado tras haber tenido acceso informal al baremo que previsiblemente utilizará el Gobierno para determinar qué personas serán dependientes y en qué grado.
Este baremo -que ha sido desarrollado por el Instituto del Envejecimiento de la Universidad Autónoma de Barcelona (FICE)-, constituye uno de los primeros y principales desarrollos de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia que prepara el Gobierno y que en estos momentos se encuentra en trámite parlamentario.
FEAPS considera que en líneas generales este es un buen proyecto de Ley, ya que supone un avance en la construcción del Estado del bienestar y planteará soluciones a un grupo de ciudadanos cada vez más importante, el de la tercera edad, que hoy en día carece de atención y recursos suficientes. Sin embargo, FEAPS entiende que la Ley no contempla a todas las personas con discapacidad intelectual como dependientes, sino solo a un 10% y considera que la discapacidad intelectual genera en todos los casos dependencia y en todos los casos, necesidades de apoyo para una mayor autonomía personal.
Además, “los baremos de entrada en el Sistema Nacional de Atención a la Dependencia atienden fundamentalmente a limitaciones físicas y de movilidad, pero no a otras variables que hacen que las personas con discapacidad intelectual precisen de apoyos para poder desarrollar sus vidas de manera autónoma”, apunta la Confederación.
Por todo ello, FEAPS y sus organizaciones miembro se han dirigido a todos los grupos parlamentarios solicitándoles que tengan en cuenta estas circunstancias en la fase de debate de enmiendas a la Ley que comienza ahora en el Parlamento, con el fin de que las personas con discapacidad intelectual, en tanto que dependientes, sean contempladas como corresponde en el texto legal.
