Amnistía Internacional (AI) acaba de presentar el ‘Informe 2006. El estado de los derechos humanos en el mundo’. Un texto en el que se documentan los abusos contra los derechos humanos cometidos en150 países y en el que destacan la necesidad de que los gobiernos, la comunidad internacional, los grupos armados y otros agentes en puestos de poder o con influencia asuman responsabilidades. Por otra parte, AI se hace eco, a través de este informe, de la vitalidad del colectivo de activistas de derechos humanos en todo el mundo, ya sea a través de iniciativas locales, con ocasión de cumbres de ámbito internacional o en manifestaciones masivas.
En el análisis que realiza esta organización sobre los desastres y acciones acontecidas a lo largo de 2005, se deja constancia de que «los medios de comunicación dejaron bien patente su hipocresía, los tribunales de justicia rechazaron sus argumentos y el colectivo de activistas de derechos humanos desafió sus tácticas represivas». Tras un periodo de cinco años de ofensiva contra los derechos humanos en el contexto de la «guerra contra el terror», parece que la situación está cambiando. No obstante- aseguran- la vida de millones de personas en todo el mundo quedó devastada por la negación de derechos fundamentales.
La vida de millones de personas en todo el mundo quedó devastada por la negación de derechos fundamentales«La seguridad humana se vio amenazada por la guerra y los ataques de grupos armados, así como por la hambruna, las enfermedades y los desastres naturales. Y las libertades se vieron restringidas por culpa de la represión, la discriminación y la exclusión social».
Entre los avances destacados por director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, figuran el descenso del número de conflictos armados en el mundo, a pesar de que «millones de personas siguen sufriendo en 21 países» a causa de guerras internas, y la abolición de la pena de muerte en Liberia y México, con los que ya son 122 los Estados abolicionistas en el mundo.
Las cuestiones más relevantes del informe se presentan en torno a estos grandes temas:
Pena de muerte. Al menos 2148 personas fueron ejecutadas en 2005 y al menos otras 5.186 fueron condenadas a muerte. Desde esta organización afirman que muchos de los condenados a muerte no tuvieron un juicio justo: «confesaron» bajo tortura, no contaron con asistencia letrada adecuada o no tuvieron una vista imparcial. El tráfico de drogas, la malversación de fondos y el fraude eran algunos de los delitos castigados con la pena capital. Algunas personas habían estado más de 20 años condenadas a muerte antes de ser ejecutadas, mientras que otras fueron ejecutadas casi inmediatamente. Se utilizaban diversos medios de ejecución, como la horca, el pelotón de fusilamiento, la inyección letal o la decapitación. Entre los ejecutados había menores y personas con discapacidad mental. Al igual que en años anteriores, la gran mayoría de las ejecuciones tuvo lugar en tan sólo un número reducido de países: en 2005 el 94 % se llevó a cabo en Arabia Saudí, China, Irán y Estados Unidos.
Violencia contra las mujeres. Cerca de 3.000 personas que representaban a gobiernos y organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres y de los derechos humanos se reunieron en Nueva York en marzo de 2005 para conmemorar el décimo aniversario de la Conferencia Mundial de la ONU sobre la Mujer, celebrada en Pekín, y para evaluar el progreso realizado en dirección al cumplimiento de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. «Aunque los gobiernos reafirmaron por unanimidad los compromisos que habían contraído un decenio atrás, no asumieron nuevas responsabilidades para promover y proteger los derechos humanos de las mujeres, debido en parte al ataque retrógrado contra tales derechos que se había venido evidenciando en los últimos años». Este ataque, dirigido especialmente contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, estaba liderado por grupos cristianos conservadores respaldados por Estados Unidos y contaba con el apoyo de la Santa Sede y de algunos Estados miembros de la Organización de la Conferencia Islámica», recoge el texto.
Personas refugiadas.
Para los refugiados que vivían en campos, las condiciones empeoraron en 2005, especialmente porque muchos debieron enfrentarse a reducciones de las raciones de alimentos -señal del incumplimiento por parte de los gobiernos del mundo de su obligación internacional de compartir la responsabilidad de proteger y asistir a los refugiados-. A menudo esta situación provocó un aumento de la violencia contra las mujeres, incluida la violencia en el ámbito familiar, y de su explotación sexual, ya que se veían obligadas a mantener relaciones sexuales a cambio de raciones de alimentos como único medio de supervivencia. Siguió negándose a los refugiados la libertad de circulación fuera de los campos, lo que les impedía ganarse la vida, y planteaba cuestiones graves sobre los efectos que la política de permanencia a largo plazo en los campos tenía en los derechos y la vida de los refugiados. En los ámbitos urbanos, a muchos refugiados se les negaban su condición jurídica como tales además del derecho al trabajo, forzándolos a la indigencia o a una búsqueda peligrosa de supervivencia en algún otro lugar, lo que a veces implicaba el traslado a otros países.
El informe revela además una serie de promesas incumplidas: “cuatro de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad viven en la hipocresía y en el doble rasero y hacen la vista gorda ante los abusos cometidos en la guerra contra el terrorismo, cuando no los impulsan”, aseveró Beltrán, en referencia a Estados Unidos, Reino Unido, Rusia y China. “Los gobiernos defienden los derechos humanos por un lado y los erosionan por otro”, añadió. En esta contraposición entre esperanzas y decepciones, el informe señala que mientras en 2005 se vivió una de las mayores movilizaciones de la sociedad civil en la lucha contra la pobreza y a favor de los derechos económicos y sociales, la cumbre de la ONU, en la cual se examinaron los avances en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), “puso de manifiesto el estrepitoso fracaso de los gobiernos a la hora de lograr una actuación acorde a las promesas contraídas”.
