El Gobierno de España, a través del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, y las comunidades autónomas -salvo el País Vasco, que tiene transferidas las competencias- han acordado en la Conferencia Sectorial de Asuntos Sociales la transferencia de más de 47 millones de euros para que las corporaciones locales puedan prestar servicios sociales de atención básica. Esta partida presupuestaria es un 45% inferior a la repartida el año pasado.
Pese a este importante recorte, el departamento dirigido por Ana Mato aseguró que seguirán con sus actividades los «comedores sociales, centros de día, minirresidencias o pisos tutelados, albergues para personas sin hogar y centros de acogida para personas con graves problemas de convivencia».
La reducción de los fondos destinados a los servicios sociales de atención básica que prestan los ayuntamientos, una partida incluida en los Presupuestos Generales del Estado, es consecuencia de los ajustes y la consolidación fiscal a la que se enfrentan las administraciones para adecuarse a los objetivos de déficit comprometidos. Las dotaciones en algunos casos no llegan al millón de euros, como es el caso de Cantabria (728.000 euros) o La Rioja (706.000).
Sanidad aseguró que la partida que se distribuirá entre las autonomías permitirá dar a los ciudadanos «servicios sociales adecuados para la cobertura de sus necesidades básicas, dotar de apoyo económico y asistencia técnica a las corporaciones locales y consolidar la red de servicios sociales municipales con atención prioritaria a la ayuda a domicilio y la teleasistencia». El Ministerio, además, por medio del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO), cofinanciará el programa de ayuda a domicilio de los ayuntamientos de Ceuta (979.480 euros) y Melilla (733.484).
En la Conferencia Sectorial celebrada el 10 de julio también se acordó que las comunidades reciban 550.000 euros para desarrollar sus respectivos programas contra la marginación del colectivo gitano, unos proyectos que tendrán que hacer hincapié en la educación, empleo, salud y vivienda para su integración social.
Por otra parte, Sanidad y las comunidades autónoma analizaron un borrador de catálogo de referencia de servicios sociales con el fin de asentar unos criterios mínimos de calidad comunes para toda la geografía nacional. El documento se estudiará también con el Tercer Sector, informó el departamento dirigido por Ana Mato.
En este documento se determinan los servicios básicos y los complementarios, y se distingue también entre prestaciones de servicios -de información, valoración, de atención telefónica, protección de menores y atención psicosocial, entre otros-, y las económicas -como las rentas mínimas, ayudas de emergencia, a víctimas de violencia de género y a personas en situación de dependencia-.
