Lograr una atención de calidad para las personas en situación de dependencia y establecer el «cuarto pilar» del Estado de Bienestar requiere, «en el mejor de los casos», 12.000 millones de euros más de los previstos por las administraciones públicas, que se sitúan en 4.426 millones de euros, tal como refleja un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M).
Según este informe, que estima que hay más de 900.000 personas con derecho a recibir ayudas públicas en España, para que una persona dependiente reciba ayudas públicas es necesario que se le otorguen al menos 25 puntos en el baremo de valoración que realizan los organismos oficiales competentes y calcula que «sólo el 22%» tiene derecho a percibir estas ayudas. Por ello, y en referencia a datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), prevé que en 2010 el número de dependientes con derecho a percibir ayudas supere el estimado y subraya que aproximadamente «dos tercios» son mujeres.
Los autores del estudio, Irene Albarrán y Pablo Alonso, de la UC3M y de la Universidad de Alcalá, respectivamente, han realizado una estimación del coste directo de la atención a este colectivo, sin incluir los fondos que habría que dedicar a la inversión en infraestructuras. Así, para este año, prevén que los gastos se sitúen entre los 12.500 y 15.000 millones de euros, aproximadamente.»La llamada Ley de Dependencia no ha seguido exactamente lo establecido en el Libro Blanco de la Dependencia ni en otros estudios previos que sirvieron de referencia, lo que ha llevado a que las estimaciones sobre el número de afectados y el coste de atención a los mismos se hayan quedado cortas», señaló Albarrán.
Los investigadores también señalaron que la dependencia tiene «importantes» consecuencias económicas en aspectos como el ahorro, la inversión, el consumo o el mercado de trabajo, por lo que se hace necesario destinar mayores recursos humanos y económicos para la atención y cuidados sanitarios, sobre todo, indicaron, de las generaciones más longevas.
Para atender esta elevada necesidad de financiación, los firmantes del estudio sugirieron contar con mecanismos de captación de recursos que permitan sostener el sistema de atención e indicaron que en otros países «con más experiencia en el tema de la financiación», ésta procede mayoritariamente de cotizaciones sociales aportadas tanto por trabajadores como por empresarios.
