La ONG Arquitectos sin Fronteras (ASF) y otros organismos como el Observatorio de Derechos Humanos hacen un llamamiento a la ciudadanía para recordar que «la vivienda es un bien de uso y no un bien de consumo, que tiene mucha influencia en la convivencia personal y social, y en la lucha contra la exclusión social». A través de concentraciones y de una carta abierta, Arquitectos sin Fronteras quiere dejar constancia que el derecho a una vivienda digna es fundamental y básico; un derecho que recoge la Declaración de Derechos Humanos y la Constitución Española. «Por lo tanto debe hacerse llegar este bien a todos los colectivos de la sociedad, convirtiéndose en una obligación para todas las Administraciones, pasando por una ‘concientización’ de la sociedad».
Si para una persona con ingresos medios es complicado adquirir una vivienda, lo es más para quienes no siempre tienen trabajo y por tanto, no pueden contar con un salario digno: un gran número de enfermos, inmigrantes, reclusos…. Por esto, ante quienes argumentan que la crisis no es tan grave y que «el problema es llevadero», ASF y un conjunto de asociaciones, como Cáritas y la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, denuncian que en la actualidad aflora un urbanismo más basado en el diseño que en las personas, el mismo que tiende a rechazar a los ciudadanos económicamente poco resistentes. «Este urbanismo, lejos de ser integrador, sigue optando en sus intervenciones por trasladar a los económicamente más débiles hacia áreas cada vez más degradadas. Después de un intenso programa de construcción de viviendas sociales en años ya lejanos, se ha producido una paralización edificatoria pública en momentos de una intensa demanda, que unida al precio del suelo, a su utilización como elemento financiero y a que las políticas sociales de promoción del alquiler han brillado por su ausencia, conforman una suma de factores que explican un panorama crítico y complejo».
Desde el Consejo de la Juventud de España se pone de manifiesto que las políticas públicas de vivienda han sido ineficaces a la hora de contener la brecha causada por el alza de los precios de la vivienda (nueva y usada, en propiedad o en alquiler), respecto de la renta media de la población. «La vivienda nueva en España había subido en septiembre de 2003 un 15,67% en los últimos doce meses, un 56,5% en los últimos tres años y un 100,37% en un lustro, según los datos del Ministerio de Fomento. Las casas de segunda mano son tan sólo un 17,55% más baratas que las de reciente construcción y la vivienda de protección oficial apenas supera el 8% de la oferta inmobiliaria».
Para Arquitectos sin Fronteras (ASF) es imprescindible la subordinación de las políticas de vivienda a las políticas sociales, en las que se coordine el acceso a la vivienda con la tutela y el acompañamiento de los sectores sociales en situación de exclusión que requieren una adaptación progresiva a nuestros hábitos culturales. En este sentido demandan:
- Elaborar políticas públicas de ayuda a la vivienda para la integración social
Establecer reservas de vivienda protegida importantes con unos criterios sociales de adjudicación claros - Hacer un reconocimiento legislativo y la definición de la vivienda de integración social como herramienta de las políticas sociales, que permita la obtención y gestión de bolsas de vivienda pública para la inclusión social.
- Mejorar la información del trabajo realizado con los colectivos marginados, evitando la idea de trato preferente que pueda crearse entre otros sectores sociales, que pueda dar lugar a un retroceso en las todavía muy débiles políticas sociales en acceso a la vivienda.
Finalmente, defienden la idea de que humanizar la macroeconomía es atender al interés general, a las necesidades concretas, a los derechos ciudadanos. “Ese debe ser el ámbito de las reformas sociales, lo que sin duda requiere voluntad política y valentía”.
