El Parlamento de Australia ha aprobado una nueva ley que impone multas de hasta un millón de dólares australianos (unos 668.000 euros) a quien envíe correos electrónicos no deseados o basura («spam»). Pese a todo, no se espera que la normativa detenga el flujo masivo de «spam» que llega desde el extranjero.
«El spam presenta un problema complejo para la comunidad internacional y la solución no es sencilla», dijo el ministro australiano de Comunicaciones, Daryl Williams, quien insistió en que esta ley no acabará instantáneamente con estos «e-mails», pero constituye un esfuerzo para tratar de detenerlos.
Williams agregó que el «intento del gobierno para combatir esta práctica combina la legislación local con la negociación internacional, la educación pública, el desarrollo de códigos de conducta de la industria, y contra-medidas técnicas».
El cumplimiento de esta legislación debe ser garantizado por la Autoridad de Comunicaciones de Australia, y prohíbe el envío de todos los «e-mails» comerciales sin el consentimiento previo de los consumidores finales, a menos que haya una relación comercial demostrable. También establece que los mensajes electrónicos comerciales incluyan precisos detalles de quién los envía.
En septiembre, Gran Bretaña e Italia prohibieron el envío de «spam», introduciendo costosas multas. Además, se espera que a finales de año el presidente de EE.UU., George W. Bush, convierta en ley un proyecto para ilegalizar el envío masivo de correos electrónicos no deseados, que pondría a los remitentes ante la posibilidad de ir prisión o de pagar multas millonarias.
