Más de la mitad de las administraciones públicas (ministerios, ayuntamientos y comunidades autónomas), un 59,8%, no utilizan la factura electrónica ni tienen planes de hacerlo. Sólo el 40% de las 286 entidades administrativas estudiadas hasta agosto de este año declaró usar la factura electrónica o tener previsto hacerlo, lo que supone que más de la mitad de la Administración no cumplirá con el plazo de implementación de este sistema, previsto por la ley para el 30 de octubre.
Por tipos de administraciones, las comunidades autónomas son las más avanzadas, con el 60% preparado o con planes inminentes de estarlo para recibir e-facturas. Por el contrario, sólo el 7% de la administración local está preparada para trabajar con factura electrónica. Por zonas, La Rioja se sitúa a la cabeza en el uso de la factura electrónica al contar con el mayor porcentaje de ayuntamientos que pueden facturar telemáticamente, con un 20% de implantación, seguida de Cataluña, con un 19%, Cantabria, con un 15%, y la Comunidad de Madrid, con un 14%.
En cuanto a los ministerios, según un estudio de la empresa Seres, sólo el Ministerio de Industria ofrece por ahora la factura electrónica, pero se trabaja en una iniciativa para crear un entorno común entre ministerios donde todos puedan trabajar con la e-factura.
Este retraso se debe al impacto de la crisis y al hecho de que las administraciones públicas han querido poner en marcha proyectos muy ambiciosos, en los que asumen los costes de los proveedores, así como a la confusión de conceptos y a la percepción de dificultad del proyecto, explicó el director de Marketing de Seres, Alberto Redondo. El representante de Seres recordó que la Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público establece que «el uso de la factura electrónica será obligatorio en todos los contratos del sector público estatal», mientras que en los contratos menores será obligatorio «cuando así se establezca expresamente».
El estudio de Seres se realizó con datos recogidos hasta el 31 de agosto de 2010 a través de encuestas telefónicas a cerca de 300 personas, de las que el 72% pertenecía a ayuntamientos y el resto, a 16 sedes ministeriales y 19 entidades de las diferentes comunidades autónomas.
