Los colectivos de internautas y de defensa de las libertades civiles, tanto en Norteamérica como en Europa, no están dispuestos a sacrificar el derecho a la privacidad de las comunicaciones por la mínima oportunidad de detectar datos de interés para las agencias de seguridad. Dicen que no se debe caer en lo que precisamente buscan los terroristas, hacer perder a los Estados de derecho un dinamismo que desde su fundación se ha basado en el uso de las libertades.
Este debate sobre seguridad y privacidad viene motivado por las fundadas sospechas que tiene el Gobierno estadounidense de que los terroristas que atentaron contra las torres gemelas y el Pentágono, coordinaron su plan de actuación comunicándose a través de Internet, lo que ha puesto en alerta a todos los Gobiernos occidentales.
Sistema Echelon
Una prueba del abuso en que la interceptación de comunicaciones puede derivar la constituye el sistema de escucha universal Echelon, cuya existencia ha sido denunciada recientemente por el Parlamento Europeo. Se cree que dicho sistema, organizado por los Estados Unidos, principalmente, es utilizado para el espionaje comercial de los socios en la UE.
El informe del Parlamento Europeo constata que Echelon existe, por más que numerosos responsables políticos afirmen no tener conocimiento del asunto. Y no solamente intercepta comunicaciones de carácter no militar, sino que en diversas ocasiones los datos obtenidos han permitido a empresas norteamericanas hacerse con lucrativos contratos.
La LSSI y las libertades
No hay evidencia de que Echelon haya perjudicado los intereses comerciales de empresas españolas, pero se sabe que Internet era un proyecto de origen militar del Pentágono cedido para el uso público. Ningún civil sabe con certeza si no existen ‘puertas traseras’ para su manipulación.
Formalmente, nuestras leyes impiden el rastreo o la observación de toda la información que hay en la red o que enviamos. El correo electrónico está elevado al nivel del correo tradicional, con lo cual su violación está penada.
El debate sobre las libertades en España se ha organizado en torno a la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI). Kriptópolis, una asociación defensora de la intimidad en la red, teme que la LSSI, concebida para regular el comercio electrónico, permita a la Administración controlar los contenidos de las páginas web personales, e incluso ordenar su cierre.
No piensan así otros colectivos. «Esta es una ley pensada para regular el comercio electrónico, no Internet ni su contenido», afirma David Moreno, de la Asociación de Usuarios de Internet (AUI), para quien existen mecanismos suficientes en la legislación actual para controlar y penar la difusión de contenidos ilegales, como la pornografía infantil o la apología del terrorismo.
La LSSI, a punto de llegar al Parlamento, sólo tiene que aclarar un punto oscuro, según la AUI: aclarar el papel que juegan los proveedores de servicios respecto a los contenidos. «En la redacción de la LSSI no dice si los cierres los dicta una autoridad judicial o administrativa. Lo mejor es que sea por iniciativa judicial», señala Moreno.
