A mediados de enero comenzaremos a pagar más por los móviles, MP3 y memorias USB. Será entonces cuando el canon digital comience a aplicarse en estos dispositivos, según acordó ayer el Congreso de los Diputados. El Gobierno y los grupos minoritarios acordaron finalmente rechazar la enmienda incluida en la Ley de Impulso de la Sociedad de la Información (LISI), aprobada la semana pasada en el Senado y que instaba al Ejecutivo a «buscar fórmulas alternativas» al canon en el plazo de un año.
No obstante, la mayoría de los partidos minoritarios pidieron reabrir el debate en la próxima legislatura para tratar de mejorar este gravamen o buscar alternativas al mismo, y criticaron la gestión «poco transparente» de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), una de las entidades que se beneficiará de los 115 millones de euros que se estima ingresarán las compañías encargadas de gestionar los derechos de autor gracias al canon digital.
Con la votación de ayer concluía la polémica iniciativa que ha enfrentado durante meses a entidades de gestión de derechos de autor, fabricantes y asociaciones de usuarios. Los ministerios de Industria y Cultura tardaron siete meses en acordar las tarifas que gravarán los soportes digitales, que una vez enviadas al Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) podrían entrar en vigor alrededor del 15 de enero.
Cierre de webs
Pero la LISI tiene otros puntos de interés además del canon digital. Así, el texto mantiene la posibilidad de que Administraciones Públicas y entidades privadas puedan retirar contenidos de Internet o cerrar páginas web, sin necesidad de intervención judicial, siempre que no se vulnere la libertad de expresión, aunque no se especifica quién decide esto, si un juez u otra persona.
Desde la oficina del Defensor del Internauta señalan que esta medida «vulnera de plano derechos fundamentales como la libertad de expresión, información, opinión, y otros, como la libertad de empresa, limitando sus garantías constitucionales».
Por otro lado, la nueva ley permite que los contenidos digitales de titularidad pública sean puestos a disposición de los ciudadanos sin ningún tipo de restricción para su uso, copia o distribución, pero siempre citando la autoría.
También reconoce la cesión libre de contenidos por parte de personas físicas o jurídicas. Así, los dueños de una obra podrán ceder libremente los derechos de explotación de la misma.
¿Qué es? Un impuesto que se estableció en 1987 para compensar a los autores por la copia de sus obras. Ahora se ve además como una compensación por las pérdidas que les acarrea la piratería.
¿Qué productos están gravados? Los discos vírgenes (CD y DVD), las grabadoras, las impresoras, los escáner, las fotocopiadoras y, a partir del próximo año, también los móviles con MP3, las PDA, los reproductores portátiles de MP3 y MP4, y las memorias USB.
¿Quién lo paga? La ley dice que el canon digital lo paga el fabricante, pero, lógicamente, éste luego lo carga en el precio de los productos que compran los consumidores. Los ministerios de Industria y Cultura deben regular las tarifas cada dos años.
¿Cuánto se recauda? Se estima que, con las nuevas tarifas, las sociedades de gestión de derechos de autor se llevarán más de 115 millones de euros el próximo año. El 20% se tiene que destinar, por ley, a actividades culturales. El resto se reparte entre los socios de las entidades de gestión (siete en España).
¿Dónde se aplica? En Europa, en todos los países salvo en Irlanda, Reino Unido, Malta, Chipre y Luxemburgo.
