El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó hoy el Proyecto de Ley de Firma Electrónica, de manera que esta norma, que trata de configurar la firma electrónica como un instrumento para generar confianza en las comunicaciones telemáticas y dinamizar la Administración y el comercio «online», será ahora publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para su próxima entrada en vigor.
Esta normativa introduce el concepto de firma electrónica reconocida para referirse a aquella que está basada «en un certificado reconocido y generada mediante un dispositivo seguro». Además, indica que estará vinculada de manera exclusiva al firmante, y en un documento electrónico, tanto público como privado, tendrá el mismo valor que una firma manuscrita en uno de papel.
Asimismo, esta nueva ley establece las bases para el desarrollo del Documento Nacional de Identidad (DNI) electrónico, que permitirá a los ciudadanos identificarse y firmar documentos sin que se requiera su presencia física.
La norma recoge también sanciones de entre 30.000 y 600.000 euros para aquellas entidades certificadoras que incurran en alguna infracción, como la expedición de certificados sin las comprobaciones previas pertinentes.
El Ministerio de Ciencia y Tecnología será el organismo encargado de controlar la actividad de las entidades prestadoras de servicios de certificación, labor de supervisión en la que podrá contar con la ayuda de empresas independientes y técnicamente cualificadas.
Durante el pleno del Congreso, los grupos de la oposición acusaron al Gobierno de haber evitado durante el trámite parlamentario de esta ley el debate y la inclusión de las propuestas de otros partidos. Así, la diputada socialista Lourdes Muñoz Santamaría insistió en que la elaboración de esta ley no ha contado con el suficiente debate parlamentario ni con un periodo de consulta a expertos y usuarios.
El diputado de CiU Manuel José Silva negó el apoyo de su grupo a las modificaciones introducidas en la Cámara Alta por la «total ausencia de generosidad política» demostrada por el Gobierno al haber rechazado todas las enmiendas del grupo catalán.
En la misma línea se pronunció la diputada de IU Presentación Urán, que acusó al Ejecutivo de emplear la mayoría absoluta de una manera «excesivamente irresponsable» para rechazar enmiendas de otros grupos.
Sin embargo, el portavoz del Gobierno en el Congreso, Juan Manuel Moreno Bonilla, subrayó que durante la tramitación parlamentaria de esta ley se ha producido un debate amplio en el que se han introducido propuestas de otros grupos.
Por su parte, la Comisión de Libertades e Informática (CLI) señaló que la ley aprobada entrará en vigor «con importantes defectos técnicos». Entre otras cosas, la CLI lamentó la no incorporación al texto del principio de «no repudio» para certificados válidamente emitidos por una Administración pública al ser recibidos por otra, y de una equivalencia internacional de certificados reconocidos.
