El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó ayer la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSI), también llamada Ley de Internet, con el apoyo del PP, Convergencia i Unió y Coalición Canaria.
Esta Ley, que entrará en vigor después del verano, afecta a los prestadores de servicios en la Red con ánimo de lucro ubicados en España. Intenta, entre otras medidas, igualar las actividades económicas en Internet a las tradicionales, prohíbe la publicidad masiva sin permiso previo del usuario y fomenta la solución extrajudicial de conflictos.
Además, incluye medidas que han suscitado las críticas de la oposición y de otros grupos sociales, así como la presentación de nueve enmiendas a la totalidad, 345 parciales en el Congreso y 187 en el Senado.
Entre estas medidas, una de las más discutidas, tanto por su contenido como por la vía por la que se introdujo (a última hora en el Senado) ha sido la obligación de que las empresas almacenen durante un año los datos de navegación de todos los internautas. Según el diputado del PP Juan Manuel Moreno, esos datos son «básicos para el éxito de investigaciones criminales», por lo que esta medida, «era una obligación».
Cautelas judiciales
La diputada de IU, Presentación Urán, aseguró que esta medida reduce los derechos democráticos, no establece suficientes cautelas judiciales y crea sensación de inseguridad entre los ciudadanos, a los que se les considera desde el principio presuntos delincuentes.
El diputado de CiU, Jordi Jané, explicó durante el debate que su agrupación apoya esta enmienda porque en el Senado se modificó para que no pudieran acceder a los datos las autoridades policiales y para que su uso indebido implicara las sanciones más elevadas.
Para los socialistas, esta ley «va a complicar la vida al desarrollo del comercio electrónico y al avance de la sociedad de la información en España».
