El Ministerio de Administraciones Públicas busca la opinión de la ciudadanía sobre la futura Ley de la Administración Electrónica, por lo que ha abierto un debate público acerca de esta normativa que regulará los derechos de ciudadanos y empresas en las relaciones telemáticas con las administraciones, así como las obligaciones de éstas en ese ámbito.
Recientemente, el Consejo Asesor de Administración Electrónica se comprometió a elaborar un documento con comentarios y sugerencias. Todas las personas que lo deseen puedan dejar sus opiniones en la página web www.060.es. El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, presentará el documento del Consejo Asesor a comunidades autónomas, ayuntamientos y otros actores involucrados en este ámbito para que también opinen sobre él.
Tres bloques
La futura ley tiene tres grandes bloques: los derechos de ciudadanos y empresas en su relación telemática con las administraciones, el régimen jurídico bajo el cual se prestarán los servicios electrónicos, y la cooperación interadministrativa.
Respecto al primer bloque, se propone que sea el propio ciudadano o empresa quien decida el canal por el que acceder a los servicios públicos, que las administraciones garanticen que todas las fases de tramitación de cualquier servicio público puedan realizarse mediante procesos telemáticos, y que todos los usuarios tengan la posibilidad de acceder a estos servicios a través de un sistema multicanal. El texto también contempla la creación de la figura del Defensor del Usuario de la Administración Electrónica.
En cuanto al régimen jurídico, cabe destacar que el DNI electrónico y otros certificados de firma electrónica serán reconocidos como los instrumentos aptos para identificarse. Asimismo, se regulará la creación de registros electrónicos en las administraciones públicas que abrirán 24 horas al día, 365 días al año.
Finalmente, la ley apuesta por la cooperación interadministrativa para la prestación de servicios públicos de forma telemática. Esta cooperación deberá hacerse efectiva en varios frentes: la creación de una red integrada para la prestación conjunta de servicios públicos, el desarrollo de infraestructuras comunes y la definición de órganos de cooperación para la potenciación de las transmisiones de datos entre administraciones.
