La práctica de descargar desde Internet música o películas de forma gratuita y sin autorización de los autores podría tener sus días contados en España. Al menos si prospera la última reforma promovida por el Ministerio de Cultura, que bloqueará el acceso a las páginas web infractoras previa autorización judicial.
Al igual que en Suecia, el juez actuará sólo contra los abonados que incluyan un enlace web a los archivos protegidos por los derechos de autor, por lo que los internautas que realicen descargas quedarán eximidos de toda responsabilidad. Esta inesperada revisión normativa obligará a modificar dos leyes fundamentales: la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI) y la Ley de Propiedad Intelectual (LPI). El Gobierno introducirá en la primera de ellas la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual como uno de los cinco motivos por los que se puede restringir y, en su caso, impedir el acceso a las páginas web infractoras.
Hasta este momento no se podía actuar contra los infractores porque la legislación sólo contemplaba cuatro motivos para la restricción del acceso a la Red: el orden público, la protección de la salud pública, el respeto a la dignidad de la persona y la protección de la juventud y la infancia. Las copias ilegales en formato digital no entraban en ninguno de estos conceptos. En el mismo artículo se introduce también un apartado en el que otorga a los «órganos competentes» la capacidad para requerir a los operadores los datos que permitan la identificación del infractor.
La futura Comisión de Propiedad Intelectual, formada por profesionales independientes, se encargará de mediar entre las partes implicadas y velará siempre por la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual. Si los implicados no llegan a un acuerdo, su decisión tendrá carácter vinculante y ejecutivo, sin perjuicio de las acciones que puedan ejercitarse ante la jurisdicción competente, según recoge el borrador de la Ley de Economía Sostenible aprobado el pasado viernes.
Tras tres años de negociaciones entre la industria de contenidos y los operadores de acceso a la Red, el Ministerio cree haber encontrado con esta reforma la fórmula que ponga freno a la descarga de contenidos protegidos por derechos de autor. «Se actuará frente a aquellos que se apropien o exploten los derechos de las obras ajenas, pero no contra los usuarios que usan en su casa Internet», recordaba la propia ministra. Quedan descartados así los modelos implantados este mismo año en Francia o Reino Unido, donde se penaliza a quien hace las descargas en lugar de al que distribuye los archivos de forma ilegal mediante plataformas de intercambio.
Rebelión en Internet
La inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas para la salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual ha provocado que periodistas, blogueros, usuarios, profesionales y creadores de internet hayan elaborado un manifiesto en el que rechazan esos cambios normativos por considerar que «afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de la Red».
El manifiesto recoge 10 puntos en el que los firmantes declaran que «los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión».
Consideran que la suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir en manos del poder judicial. «Ni un cierre sin sentencia», exigen. Para los firmantes, la nueva legislación promovida por el Ministerio de Cultura «creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, y perjudicará uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, al entorpecer la creación de empresas con la introducción de trabas a la libre competencia y la ralentización de su proyección internacional».
Sobre los derechos de autor, señalan que «los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones». Creen que «intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta» que no ha adaptado a este nuevo entorno «no es ni justo ni realista».
En su opinión, Internet debe funcionar «de forma libre y sin interferencias», sin perpetuar modelos «obsoletos» de negocio e imposibilitar que «el saber humano siga siendo libre». Al Ejecutivo, le exigen que «garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro».
