El Gobierno central será quien finalmente decida el listado de aparatos y equipos sujetos al canon digital y la cuantía del mismo, tras cerrarse ayer sin ningún acuerdo la última reunión entre la industria de las nuevas tecnologías y las entidades de gestión de derechos de autor. Los ministerios de Cultura e Industria deberán establecer este gravamen mediante una orden ministerial que no podrá tardar más de tres meses y que tendrá validez durante los próximos dos años.
Termina así un proceso de diálogo que comenzó el 11 de septiembre por mandato de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), que establece un sistema de negociación para acordar el pago de la denominada «compensación por copia privada».
José Pérez, director de la Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica y Comunicaciones (Asimelec), reconoció que había sido imposible llegar a un acuerdo. Parece que prefieran «un mal pacto a un buen pleito», recriminó a los gestores.
Por su parte, Antonio Guisasola, presidente de los Productores de Música Españoles (Promusicae), precisó que «aunque formalmente la negociación está cerrada», todas las partes se han emplazado para «tratar de reconducir el asunto».
En esta línea, Abel Martín, director de Artistas, Intérpretes, Sociedad de Gestión de España (AISGE), dijo que su intención es la de encontrar un acuerdo conjunto, «porque siempre es más fácil el cumplimiento si lo has pactado que si te lo imponen. Es mejor un mal acuerdo que una buena orden ministerial».
Mientras tanto, la Asociación de Compositores y Autores de Música (ACAM) ha instado al Ministerio de Cultura, al de Industria y al Gobierno a aplicar el canon digital en los reproductores de MP3 y en los teléfonos móviles.
