La industria de las nuevas tecnologías y las ocho entidades de gestión comenzaron ayer las negociaciones para acordar el listado de aparatos sujetos al pago del canon digital y su importe, tal y como establece la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual.
El director de la Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica y Comunicaciones (ASIMELEC), José Pérez, recordó que, tal como establece la ley, el pasado 24 de agosto se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la convocatoria de estas negociaciones entre los sectores implicados, dos asociaciones de la industria y las ocho entidades de gestión.
Sectores implicados
Las ocho entidades de gestión son: Sociedad General de Autores y Editores (SGAE); Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO); Asociación de Gestión de Derechos Intelectuales (AGEDI); Artistas Intérpretes o Ejecutantes, Sociedad de Gestión de España (AIE); Visual, Entidad de Gestión de Artistas Plásticos (VEGAP); Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA); Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión (AISGE) y Asociación Derechos de Autor de Medios Audiovisuales (DAMA).
Por parte de la industria han sido convocadas la Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de España (AETIC) y la Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica y Comunicaciones (ASIMELEC).
Esta negociación se prolongará durante cuatro meses, al término de los cuales, las partes comunicarán al Ministerio de Industria y al Ministerio de Cultura si han llegado a un acuerdo, y en su caso, el contenido del mismo.
Los dos departamentos gubernamentales disponen de tres meses para publicar una orden ministerial -conjunta y de carácter bianual- a partir del acuerdo de las partes -si lo hubiere-, previa consulta al Ministerio de Economía y al Consejo de Consumidores y Usuarios.
Por el momento, ha quedado constituida la «mesa» negociadora, a la que los representantes de la industria llevarán su propuesta de que el canon digital sea un porcentaje del precio del aparato, no una tarifa fija, con el objetivo de que se distorsione lo menos posible el mercado.
Pérez afirmó que un «tono cordial» presidido la primera reunión, aunque reconoció que entre la industria y las entidades de gestión que administran los derechos de los autores hay «grandes discrepancias».
