La Eurocámara ha dado el visto bueno definitivo por amplia mayoría -510 votos a favor, 40 en contra y 24 abstenciones- al nuevo marco regulador del mercado de las telecomunicaciones e Internet, que fija las bases normativas de la Sociedad de la Información de la Europa del siglo XXI. El paquete legislativo incluye la controvertida enmienda 138, sobre el acceso a Internet, pactada el 5 de noviembre entre el Parlamento Europeo y el Consejo. El nuevo texto abre la puerta a posibles restricciones a la conexión sin necesidad de una autorización judicial previa, frente a la exigencia explícita al juez de la enmienda primera.
Este consenso suscitó duras críticas entre diversas asociaciones defensoras de la neutralidad de la Red, que denuncian que la normativa choca con el derecho a la intimidad del usuario y el secreto de las comunicaciones. Desde entonces, los grupos parlamentarios y las propias instituciones se volcaron en hacer comprender a la opinión pública que el nuevo texto no supone un retroceso, sino todo lo contrario. El mayor logro de la reforma, coinciden la mayoría de los eurodiputados, es que por primera vez un texto legislativo establece el acceso a Internet como un derecho fundamental de los ciudadanos. Para su protección, la normativa incluye una amplia serie de garantías de acceso a la Red contempladas en la Convención Europea de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales.
Los grupos parlamentarios justifican el cambio de la enmienda en un informe emitido por los servicios jurídicos de la Eurocámara, que advertía contra una extralimitación de la Cámara, que no tiene competencia para armonizar los sistemas judiciales de los Estados miembros. «Los parlamentarios fueron advertidos pero hay que tener en cuenta que en el momento de la votación de la enmienda en mayo, el Parlamento se encontraba ante unas elecciones», señalaron fuentes comunitarias.
Tras su aprobación ayer, los 27 Estados miembros disponen hasta mediados de 2011 para transponer la nueva normativa a sus legislaciones. No obstante, la reforma no supondrá ningún cambio sustancial para la legislación española, que entiende que ha de ser un juez quien autorice la restricción de acceso a Internet. Además, el Gobierno ha reiterado su intención de no penalizar al usuario final y centrará su lucha en acabar con las páginas web de enlaces que obtienen beneficios con las obras protegidas por derechos de autor.
