Este jueves ha entrado en vigor el real decreto que desarrolla la nueva legislación que pretende evitar la descarga ilegal de contenidos protegidos por derechos de autor en Internet, conocida como Ley Sinde-Wert, en referencia a los dos ministros implicados en su puesta a punto.
Este real decreto pone en marcha la sección segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual, compuesta por un grupo de funcionarios, cuyos nombres aún se mantienen en secreto, de los ministerios de Educación, Cultura y Deporte, Industria, Energía y Turismo, Economía y Competitividad, y Presidencia. Dicha comisión servirá de puente entre los propietarios de los derechos de autor y los dueños de las páginas web, con la intención de restablecer la legalidad en Internet. Esto supone que los miembros de la comisión tendrán poder para solicitar la retirada de contenidos e incluso el cierre de las páginas que los alojen o enlacen sin permiso de los titulares.
El proceso siempre comenzará a partir de una solicitud del titular de estos derechos de autor. La comisión actuará si considera que la web denunciada tiene ánimo de lucro o ha causado un daño patrimonial. Se inicia así un proceso administrativo que puede durar en torno a 20 días y en el que el Juzgado Central de los Contencioso Administrativo tendrá que pronunciarse hasta en dos ocasiones si los dueños de la web no acuerdan la retirada de contenidos.
Una vez aceptada a trámite una solicitud, se pide al juez una petición de autorización para identificar al responsable, a quien se contactará seguidamente para informarle. Este responsable tiene 48 horas desde ese momento para retirar contenidos o presentar alegaciones. Después hay un plazo de deliberación, tras el cual si la comisión cree que hay vulneración solicita de nuevo la intervención judicial, quien en última instancia decide sobre la interrupción o retirada.
Por último, la ejecución de esta decisión judicial puede ser voluntaria o forzosa, en cuyo caso se solicitará, al igual que a la hora de identificar, la colaboración del prestador de servicios de Internet (empresas de telecomunicaciones). Desde el cierre de Megaupload por la intervención del FBI, las páginas más populares en España de servicios de descargas y «streaming», como Series Yonkies, llevan un tiempo con la retirada de enlaces. Sin embargo, a partir de hoy se podrá denunciar a las páginas que faciliten la descarga ilegal de contenidos protegidos.
