El proyecto de ley por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual recibió ayer la autorización del Pleno del Senado. Ahora el proyecto tendrá que volver al Congreso de los Diputados para su trámite final de forma previa a la sanción del texto definitivo por el Rey.
Uno de los ejes centrales de la discusión fue el asunto relacionado con el canon. Al final, las enmiendas aprobadas que se refieren a este tema consideran justo el canon y aseguran que la compensación a los creadores se mantendrá dentro de unos márgenes «razonables», como defendió la senadora socialista María José Navarro, quien dejó claro que el primer paso que se ha de seguir es la transposición de una directiva europea que debía haberse realizado en 2002 y dejar para una segunda fase otras modificaciones mayores.
«Queremos que los ciudadanos aprovechen los avances tecnológicos. Pero esto no debe influir en la protección de los derechos de los creadores», aclaró Navarro. Y recordó que el canon existe desde hace más de 40 años en Europa y en España desde 1987. «Suprimirlo tendría consecuencias para los autores, el desarrollo de labores asistenciales y promocionales de las entidades de gestión y afectaría negativamente a las industrias culturales y los ciudadanos», explicó.
Transponer la directiva europea «es un paso más aunque no el definitivo», señaló por su parte el senador Juan Van-Halen, del Grupo Popular. «Las industrias culturales tienen un papel fundamental. No es fácil legislar para este mundo rico, cambiante y complejo. Dar gusto a todos supone también disgustar a todos y parece que así ha ocurrido al final con este proyecto», señaló en referencia a las críticas vertidas en las últimas semanas desde las entidades de gestión.
Una de las posturas más críticas con el canon digital la mantuvo el senador Miquel Bofill, de Entesa, que afirmó que su grupo está en contra del mismo. «El Gobierno ha querido quedar bien con todo el mundo pero ha enfadado a todos. El canon es indiscriminado y las excepciones muy limitadas», argumentó. Bofill defendió que es preciso eximir del pago de ese derecho a los compradores que acrediten que el uso final de los equipos, aparatos o soportes materiales no sea la copia privada, en particular empresas, instituciones, administraciones públicas y trabajadores autónomos. «Es una perversión que tengan que pagar el canon por copia privada cuando es evidente que ésta no existe», manifestó el senador de Entesa.
Por su parte, el portavoz del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, Francisco Javier Maqueda, hizo hincapié en que los debates del Congreso se han centrado en la defensa de los creadores «sin tener en cuenta el interés del consumidor». «No hay equilibrio entre ambas partes y se beneficia en última instancia a las entidades de gestión de derechos», señaló.
Por otra parte, en la sesión plenaria se votó favorablemente la adición de una disposición que contiene un mandato a los poderes públicos para que fomenten el uso de las tecnologías digitales en la difusión de las creaciones intelectuales.
