Derecho a reparar: ¿llega el fin del usar y tirar en los electrodomésticos y dispositivos tecnológicos?

¿El teléfono móvil o esa lavadora de última generación que compramos no duran tanto cómo esperábamos? La respuesta está en una bombilla. En concreto, en una de 1924, año en que se reunieron los principales fabricantes de estos productos —entre ellos, Osram, Philips o General Electric— para encontrar una forma de incrementar sus beneficios económicos. La solución: un documento en el que se comprometían a limitar conscientemente la vida útil de sus productos a 1.000 horas, en lugar de las 2.500 horas que alcanzaban entonces. Así nació lo que hoy conocemos como obsolescencia programada, el proceso por el que se dicta de forma intencionada el fin del ciclo de vida de un bien de consumo electrónico. Este fenómeno ha regido el contexto de consumo de electrodomésticos y tecnología, fomentando el consumo rápido y ese patrón de “usar y tirar” que la Agenda 2030 espera diluir en las próximas décadas.

Contra la obsolescencia, productos que duren más

Decenas de organizaciones internacionales y gobiernos llevan tiempo intentando luchar –sin éxito– contra la obsolescencia programada, un verdadero quebradero de cabeza para los consumidores, que se encuentran, de un día para otro, con aparatos que dejan de funcionar y con reparaciones extremadamente caras.

Un nuevo cambio en la actual normativa de consumo española ha dado un paso más en el principio del fin de la obsolescencia programada:

• A partir del 1 de enero 2022, se ampliará la garantía obligatoria para cualquier bien de consumo duradero —como los móviles, ordenadores, tabletas, neveras, lavadoras— de dos a tres años. Esto quiere decir que el consumidor tendrá un año más para que el fabricante repare cualquier avería sin un coste adicional.
• Además, el fabricante también estará obligado, por ley, a mantener disponibles sus piezas de repuesto durante diez años (el doble que antes), con el objetivo de facilitar la reparación.
• La reforma de la ley de consumidores aprobada a finales de abril incluye otro novedoso hito: la regulación sobre contenidos digitales. Ante el auge del comercio online en España, sobre todo en el último año, el Gobierno ha decidido tomar cartas en los servicios digitales (como las apps, los juegos, las plataformas de música o los libros electrónicos), y ha ampliado a dos años la garantía de esos productos y ha establecido que “tengan las cualidades de durabilidad, accesibilidad, continuidad, compatibilidad y seguridad”. Además, el fabricante deberá avisar al consumidor de las correspondientes actualizaciones.

“Nos parece todo un acierto. Esta reforma incorpora la durabilidad de un producto como un criterio objetivo para que el consumidor evalúe si está conforme con la compra, de tal modo que, cuando un artículo se rompa mientras esté en garantía, el cliente podrá elegir entre repararlo o sustituirlo (una decisión que, hasta ahora, tomaba el fabricante)”, explica Alicia García-Franco, directora de la Federación Española de Recuperación y Reciclaje. “Lo que el Ministerio busca con estos cambios en la duración de las garantías es incrementar la durabilidad de los bienes en la lucha contra la obsolescencia y reducir su impacto medioambiental”, comenta. No obstante, todavía no queda claro si estas medidas serán de carácter retroactivo, es decir, si afectan a los productos que ya tenemos o si se aplicarán a partir del momento en que la ley entre en vigor (es decir, si solo afectarán a las nuevas compras).

Derecho a reparar, en qué consiste

Imagen: jarmoluk

La nueva normativa española, que busca alargar la vida útil de los productos y reducir su impacto —en la cartera y en el medio ambiente— se engloba dentro del nuevo Plan de Acción de Economía Circular, el proyecto elaborado por el Parlamento Europeo para garantizar una transición justa a la economía circular. Aprobada el pasado 19 de marzo, su objetivo no es otro que recuperar el llamado “derecho a reparar”, o la capacidad para arreglar nuestros productos en lugar de comprarlos de nuevo.

El “derecho a reparar” es una cultura que heredamos de nuestros padres y abuelos y que ha terminado desapareciendo casi al completo como consecuencia de la inmediatez del consumo. ¿Cuándo ha sido la última vez que hemos reparado un secador o un televisor? Es probable que la respuesta sea nunca. Quizá lo hayamos llevado a un reparador profesional, pero también es muy probable que, tras ver el precio, nos haya parecido más barato comprar otro. Si no resulta atractivo es porque a nadie le ha interesado enseñarnos.

De hecho, la Oficina Europea de Estadística (Eurostat) indica que 7 de cada 10 europeos repararían sus productos antes de comprar otros, sin embargo, el coste de la reparación y la falta de accesibilidad a las piezas les echa para atrás. Comprar en lugar de reparar conlleva un gran gasto para el consumidor, según la Fundación Energía e Innovación Sostenible, que calcula que un núcleo familiar de cuatro miembros puede llegar a gastarse a lo largo de su vida un total de 50.000 euros con motivo de la obsolescencia programada.

¿A qué productos afecta y cómo?

El plan de acción de la Unión Europea se aplica a categorías muy concretas de productos: frigoríficos, lavadoras, secadoras, lavavajillas y fuentes de luz.

Esta estrategia pone también el foco en los fabricantes. Las empresas, además de estar obligadas a mantener disponibles las piezas de recambio durante diez años, tendrán que trabajar en la fabricación de productos electrónicos que se puedan reparar de forma relativamente fácil, sin necesidad de herramientas demasiado especiales y a través de manuales que expliquen de manera clara cómo realizar esas reparaciones. Por primera vez, los fabricantes tendrán que preservar las actualizaciones de software más recientes en el mismo periodo de tiempo que cualquier pieza de repuesto.

El empoderamiento del consumidor también engloba su derecho a conocer a fondo el producto que está comprando. En esta línea, Europa considera que debe haber una comunicación transparente por parte de los fabricantes en relación a la vida útil de sus productos y las opciones de reparación e incluye dos iniciativas más:

• por un lado, obligará a mostrar la vida útil estimada del dispositivo: el fabricante se encargará de la reparación en caso de que quede inservible por avería antes de la fecha esperada.
• y, por otro, instaura un etiquetado, de carácter voluntario, que acompañará al producto en su embalaje y lo puntuará según su durabilidad y reparabilidad para ayudar al consumidor a decidir.

Un etiquetado para saber el índice de reparabilidad

El diseño del nuevo etiquetado será similar al de las etiquetas de eficiencia energética y utilizará un baremo de un máximo de 20 puntos que se calculará teniendo en cuenta cinco aspectos:

• La documentación que el fabricante aporta para la reparación.
• La facilidad para desmontarlo.
• La disponibilidad de piezas de repuesto.
• La relación entre el precio de las piezas de repuesto y el producto original.
• Otros criterios para el caso de la electrónica, en función de la asistencia y facilidad de reinicio del software.

Serán los propios fabricantes los que calculen el índice de reparabilidad de acuerdo con los parámetros establecidos bajo la lupa de las autoridades de Consumo y de Vigilancia de Mercado. De esta forma, a la hora de comprar una lavadora o un frigorífico, el consumidor se encontrará con este índice que le indicará la marca y el modelo más fácil de reparar en caso de avería.

El Ministerio de Consumo ya trabaja en este nuevo etiquetado, convirtiendo a España en el segundo país europeo en implementar la calificación. Francia lleva la delantera con este logotipo que ya funciona sobre lavadoras, portátiles, smartphones, televisores y cortacéspedes. En el caso de España, Consumo aún no ha especificado cuáles serán los productos afectados ni cuándo se aplicará este índice.

¿Y qué pasa con los móviles?

Imagen: MiRUTH_de

En la nueva normativa europea, los móviles—uno de los dispositivos más afectados por la obsolescencia programada— tienen poco protagonismo, porque no se incluyen en la resolución sobre el derecho a reparar ni se establecen medidas específicas para garantizar su reparación. “Las aplicaciones más exigentes de la normativa están limitadas a los electrodomésticos, en lugar de incluir los smartphones y los ordenadores, que son los que tienden a desecharse antes”, denuncia Chloé Mikolajczak, de la asociación europea por el derecho a reparar, Right to Repair. Según sus datos, tres de cada diez consumidores cambian su teléfono móvil cuando empieza a dar problemas de funcionamiento, aunque este aún no haya llegado al final de su vida. De media, los europeos cambian de smartphone cada dos años.

Aunque el Plan de Acción de la Economía Circular sí contempla los móviles, las tabletas y los ordenadores, lo hace en una hoja de ruta legislativa que se enfoca más en el ecodiseño y la fabricación de dispositivos más sostenibles con el planeta que en el derecho a reparar.

• Entre sus medidas se incluye obligar a los fabricantes, en la etapa de diseño, a reducir el consumo de energía de los dispositivos, y hacerlos más duraderos y facilitar su desmontaje de cara a fomentar el reciclado y reducir la basura electrónica.
• Además, esta iniciativa propone eliminar los obstáculos para la reparación, reventa y reutilización de estos dispositivos, para lo que establece un sistema que permita a los consumidores revender sus viejos teléfonos, tabletas y cargadores, promoviendo así la reutilización.
• También demanda un sistema de carga común, una batalla que lleva años siendo motivo de debate entre los fabricantes que utilizan el tipo de cabeza de su cargador como una estrategia de marketing que, si bien les diferencia del resto de las marcas, también fomenta un mayor gasto en electrónica al limitar sus dispositivos a un cargador muy concreto. No obstante, ya hemos visto algunos avances: empezando por Apple, uno de los más reacios, que, aunque sigue sin adoptar el sistema USB-C en sus móviles (el cargador universal), ya ha dejado de incluir su cargador en la caja para facilitar la reutilización de cargadores de versiones anteriores.

Derecho a reparar: principales obstáculos

“No puede existir un derecho a reparar con unas categorías tan limitadas. Estamos presionando para que los fabricantes estén obligados a hacer actualizaciones obligatorias de software durante un mínimo de siete años (como en el caso de las piezas de repuesto), proponer alternativas de software cuando dejen de existir más actualizaciones y que, al igual que con las lavadoras o los frigoríficos, incluyan manuales de reparación con un lenguaje simple”, añade Mikolajczak.

Samsung, por ejemplo, ya ha empezado a compartir algunos de sus manuales para incrementar su puntuación en el índice de reparabilidad francés (que sí incluye smartphones). Apple Francia, para responder al nuevo índice, ya incluye el etiquetado en todos los modelos de su página web. Pero, como puntualiza Mikolajczak, “hay muchos otros fabricantes que alegan que la publicación de estos manuales violaría los secretos industriales”.

Además, la regulación de ecodiseño no incluye ningún requisito que obligue a seguir actualizando el software de los dispositivos a medida que avancen en su vida útil. ¿Qué quiere decir esto? Que, aunque el fabricante realice actualizaciones más accesibles, es posible que evite renovarlas a las últimas exigencias.

Qué queda por hacer contra la obsolescencia

Aunque García-Franco describe este plan europeo como un gran avance de cara a terminar con la obsolescencia, reconoce que se deja muchas cosas en el tintero. “Las normas, de momento, solo se aplican a los nuevos modelos. Pero, ¿qué pasa con los que ya tenemos?”, cuestiona.

Echa de menos igualmente una mayor especificidad a la hora de concretar qué es exactamente una pieza de repuesto y cuál es el precio máximo que debe cobrarse por ella. “Si se me rompe el enganche de la puerta de la lavadora, el fabricante puede considerar que la pieza de repuesto que debe aportarse por esta nueva normativa es, en lugar del enganche, una puerta nueva, lo que encarece la reparación”, explica.

La fecha límite para desarrollar esta normativa es 2024, porque el objetivo es tener el tiempo suficiente para organizar a todos los Estados miembros y así garantizar la uniformidad de su aplicación. En la actualidad, los países europeos —incluido España— están repasando sus nuevas leyes de consumo y aplicando adaptaciones que, en el futuro, cristalizarán en el ámbito legislativo. “A corto plazo, los cambios serán mínimos: lo notaremos en el nuevo etiquetado, pero poco más. En unos cuantos años ya veremos alteraciones más grandes”, vaticina García-Franco. Por su parte, Chloé Mikolajczak, de la asociación europea por el derecho a reparar, teme que esta normativa no provoque cambios sustanciales, “al igual que ocurrió con la creada en 2019 para obligar a los fabricantes de algunos electrodomésticos a mantener las piezas de repuesto vigentes durante dos años más”.

La portavoz de Right to Repair subraya, además, un detalle esencial que la normativa parece omitir: la posibilidad de los consumidores de reparar sus propios dispositivos. “No garantiza que cualquier persona pueda repararlas. De hecho, tan solo se centra en los reparadores profesionales, pero no menciona a organizaciones sin ánimo de lucro o iniciativas educativas que buscan empoderar al consumidor en su derecho a reparar y hacer más accesible este derecho”, señala.