Ayer se confirmó la retirada de la Ley de Impulso a la Sociedad de la Información (LISI) el polémico artículo 17 bis, que había levantado encendidas críticas por parte de las asociaciones de internautas y proveedores de Internet.
El citado artículo autorizaba a las sociedades que gestionan los derechos de autor, como la SGAE o CEDRO, a bloquear o cerrar de urgencia aquellas páginas web que, a su juicio, estuvieran cometiendo alguna actividad ilegal que vulnerara los derechos de propiedad intelectual.
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio retiró el 17 bis ante el rechazo suscitado por todos los integrantes del Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (CATSI), que calificaron la medida como «un triunfo democrático».
Un portavoz ministerial aseguró que Industria no aprobará ninguna norma jurídica que otorgue a las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual capacidad para promover el cierre de páginas web que puedan ejercer supuestas actividades ilegales, «ni dentro del articulado de la LISI, ni en otra independiente».
Los representantes de las televisiones criticaron el hecho de dar «demasiado poder» a las sociedades de derechos de autor y de discriminar, al mismo tiempo, a los propietarios y titulares de los derechos, como pueden ser las propias empresas televisivas.
Por su parte, las operadoras de telefonía señalaron que no estaban dispuestas a «ejercer de policías», ya que el texto legal les obligaba a desconectar, a instancia de las sociedades de gestión de derechos de autor, las web de sus clientes.
En cambio, los ocho representantes de dichas entidades de gestión, invitados como observadores, calificaron de «fracaso» y «burla» la reunión y acusaron al Gobierno de haber incumplido su compromiso.
Satisfacción de los usuarios
Desde la Asociación de Usuarios de Internet (AUI) han mostrado su satisfacción por la decisión del Ministerio de Industria y su perplejidad por el hecho de que las sociedades de derechos de autor abandonaran el encuentro.
Miguel Pérez Subías, presidente de la AUI, ha dicho a CONSUMER EROSKI que no es posible que a una entidad privada como la SGAE, «que tiene intereses económicos, se le otorgue la potestad de cerrar una web». Considera significativo que las sociedades de derechos abandonaran la reunión cuando fueron invitadas al CATSI para que sus propuestas fueran escuchadas, cuando los usuarios en ningún momento pudieron expresar su opinión durante el proceso de redacción de la LISI.
El presidente de la AUI ve difícil llegar a un acuerdo porque sus puntos de vista son muy diferentes. «Ellos (las sociedades) van siempre por la vía de lo preventivo y nosotros pensamos que ese no es el camino», explica Pérez Subías, que insiste en que están en contra de la piratería y que no tienen inconveniente en combatirla «por todos los medios». En este sentido, aboga por dar herramientas a los jueces para que actúen de forma eficaz.
Ahora bien, precisa que hay que distinguir entre lo que es piratería y lo que no. «Los intercambios entre particulares no es piratería, bajo ningún concepto», apunta. «Si no hay animo de lucro -recalca-, eso es difusión».
Por su parte, las sociedades de gestión se han limitado a emitir un comunicado conjunto en el que afirman que «la actitud de Industria rompe el equilibrio que el proyecto de ley quería instaurar y desprecia la protección de contenidos en Internet».
