Dos de cada diez españoles se conecta a Internet a través de alguno de los más de 3.000 cibercafés que se extienden por todo el país sin una regulación específica. No son cafeterías ni salas recreativas; desde hace unos años la gran mayoría se han concentrado en ofrecer servicios relacionados con las nuevas tecnologías como escanear, aprender a través de videoconferencias y acceder a juegos en red. Esta opción ha sido determinante para que el Ministerio de Interior, a través de la Comisión Nacional de Juego, haya propuesto incluir a los cibercafés y ordenadores de uso público en el nuevo Reglamento de Máquinas de Juego y Salones. La consecuencia inmediata ha sido el cierre de numerosos cibercafés al ser equiparados a salones ilegales de juego. Con la intención de evitar la clausura de más locales, la Asociación Nacional de Cibercafés demanda “la creación de una ley justa en la que participen todos los afectados”.
Adolescentes, estudiantes e inmigrantes, los más afectados
“Difícilmente España podrá abandonar el puesto colista que ocupa respecto a número de internautas en el mundo (el número 26 según un estudio realizado por la Universidad de Harvard, después de Italia y seguido de países como Brasil y Lituania) con la aprobación de leyes como la que el Ministerio de Interior ha propuesto para regular los cibercafés”, explica Eduardo Bazaco, representante de los cibernautas españoles. Un borrador en el que se controla la actividad de estos centros con las mismas normas que regulan los salones de juego ilegales, donde se realizan apuestas.
Casi el 20% de los internautas españoles utiliza de manera habitual este canal para conectarse a La Red. Los principales afectados por esta normativa, además de los propios dueños de los cibercafés, son adolescentes y estudiantes entre 14 y 26 años, turistas y, cada vez más, inmigrantes.
El funcionamiento y la apertura de cibercafés está sujeta a la normativa de cada ayuntamiento. El vacío legal existente hacia estos locales ha contribuido, y aún lo hace, a que usuarios y afectados reclamen una ley que defienda sus derechos. El único intento por parte de la administración de controlar este tipo de locales tuvo lugar hace dos años con efectos negativos sobre los cibercafés.
La inminente promulgación de esta normativa en los año 2001 y 2002 motivó que los responsables de los más de 2.500 cibercafés existentes en España se organizaran para defenderse ante lo que consideraban una “ley injusta y desmedida”.
Así nació la Asociación Nacional de cibercafés, con el objetivo de promover una normativa legal sobre este sector y la intención de conseguir que la mayor parte de los establecimientos se pudieran adherir a esa ley. Por el momento, cuenta con el apoyo de las asociaciones regionales de Aragón, Canarias, Andalucía y País Vasco.
Por su parte, la Asociación de Usuarios de Internet (AUI), perfecta conocedora de este borrador de ley, asegura que la regulación que la administración ha pretendido llevar a cabo hasta este momento “imponía condiciones técnicas imposibles de cumplir”. “Este nuevo reglamento puede dejar fuera de la ley no sólo a los cibercafés, sino también a las salas puestas a disposición de los usuarios por ayuntamientos a bibliotecas, universidades y cualquier sala pública que ofrezca a sus usuarios accesos a Internet”, advierten desde la AUI.
La redacción del reglamento recoge que “para que un ordenador no sea considerado una máquina de juego debe tener totalmente bloqueado el acceso a todo tipo de juego en red o por ordenador, con o sin realización de apuesta”.
Ante esta medida, la Asociación de Usuarios de Internet ha manifestado que si este bloqueo fuese posible, obligaría a bloquear a su vez el acceso a todos los principales portales de Internet españoles y extranjeros, porque todos tienen algún juego (sin apuestas) entre sus servicios. “Por otro lado, todo ordenador que utiliza el sistema Windows lleva incluidos por defecto varios juegos, es decir este bloqueo no es posible”, confirma.
Por lo tanto, todos los PCs colocados en lugares públicos serían considerados por la ley como máquinas de juegos ilegales. La primera consecuencia de ello ha sido el cierre automático de la mayoría de cibercafés en la comunidad riojana, tras la aplicación de esta norma.
La Rioja, el primer ejemplo
La primera comunidad española en legislar el funcionamiento de los cibercafés fue La Rioja. El Ejecutivo regional puso punto final a la polémica que desde hacía dos años rodeaba los “cibercentros”, y lo ha hecho a través de una interpretación de la Ley del Juego 5/1999 en la que se mencionaba el concepto de ordenadores personales.
Lo que hacía era equiparar los ordenadores a las máquinas en las que se podía ejecutar un juego sin apuestas a las llamadas máquinas de tipo A, como futbolines y máquinas recreativas. Eduardo Bazaco, presidente de la Asociación Nacional de cibercafés, recuerda que la consecuencia de esta normativa ha sido “el cierre del 98% de los cibercafés en La Rioja, en la actualidad quedan tres o cuatro”.
La polémica, que llega hasta nuestros días, reside en que esta normativa regularía, además, el acceso de los menores a los juegos considerados “violentos”. Lo que no queda nada claro es cómo se evitaría el acceso de los menores a estos locales.
En virtud de este reglamento, el Gobierno de la Rioja ha cerrado numerosos cibercafés privados y, en su defecto, ha inaugurado otros locales llamados cibertecas, gestionadas por el propio Gobierno.
El ejecutivo asegura que en ellas no se realiza ningún tipo de actividad relacionada con el juego. Esta actuación es similar a la llevada a cabo en la Comunidad Valenciana, Galicia, País Vasco y Castilla la Mancha. “A la hora de elaborar este decreto no se ha tenido en cuenta a nadie del sector”, replica el presidente de la Asociación Nacional de Cibercafés. “Lo primero que se debería hacer es conocer qué se hace exactamente en estos locales, es la mejor forma para elaborar una ley justa y practicable”, añade Bazaco.
La situación tan crítica que vive el sector y en el que están en juego millones de euros, según la propia Asociación Nacional de Cibercafés, nace ante las continuas quejas del sector de las salas de juego que, ante el trasvase de clientes que se pasaban a las salas de ordenadores en red, denunció a los cibercafés por “prácticas de competencia desleal e ilegalidades en estos locales”.
Guerra de precios
Además del vacío legal que sufren, estos locales se enfrentan a otro foco conflictivo, motivo de numerosas quejas desde diferentes oficinas del consumidor. Los precios.
Las tarifas por conectarse una hora a Internet puede oscilar entre 1,5 euros hasta 3 tres euros. Depende exclusivamente del propietario. En este sentido, funciona el libre mercado, razón que ha contribuido a que en los últimos años la hora de conexión bajara de 3 a 2 euros, la media actual.
A pesar de ello, la facturación anual media de un Cibercentro, con cincuenta equipos de ordenador, se estima en unos 231.000 euros, por lo que sigue siendo un negocio muy rentable. Una vez cubiertos lo costes fijos de conexión a Internet, el resto es prácticamente beneficio, así lo asegura el sector empresarial experto en este tipo de negocios.
Aseguran también que la vía más accesible para crear un Cibercafé es la franquicia, ya que ésta reduce la inversión inicial en un 25%, quedándose en una media de 73.000 euros. Por otra parte, los empresarios recomiendan a todo aquel que esté interesado en montar un cibercafé ubicarlo en el centro de las universidades y en sus áreas próximas.
Difícil solución
La solución consensuada se hace esperar, debido, entre otros motivos, a que la legislación no está actualizada. Otra razón es la dificultad que encuentran estos locales en conseguir licencias en red, sólo existen las individuales y no se ajustan a los requerimientos de estos centros. Por esta razón, muchos locales que no han cerrado, ante este decreto, se han acogido a epígrafes fiscales correspondientes a locutorios de teléfono o academias. En el supuesto de que los responsables de los cibercafés se defiendan ante los tribunales, ninguno de ellos ingresará un euro en dos años. Un lujo que pocos se pueden permitir.
Desde la Sociedad Nacional de Cibercafés insisten en subrayar la gravedad del asunto y exigen que se tomen medidas urgentes que pongan fin al cierre de más cibercafés. Eduardo Bazaco reclama, desde su puesto presidencial, coherencia. “Estamos hartos de escuchar que España está a la cola de las últimas tecnologías y de la cantidad de dinero que se invierte por potenciar el uso de Internet”.
“No se puede olvidar que después de sus casas y las bibliotecas los internautas españoles se conectan desde los cibercafés. Es necesario ser consecuente con esta realidad”, reclama. Bazaco exige que se elaboren medidas legislativas diferentes a las creadas hasta ahora, ya sea en La Rioja o en la Comunidad de Madrid, en cuya normativa se ha emparejado a los cibercafés con los salones recreativos y donde “no daban cabida al sector, por lo que decidieron excluir a los cibercafés como entramado de juego”, explica.
En España el juego recreativo con apuestas está muy regulado, sin embargo en Europa el salón recreativo no cuenta con una regulación tan específica. “La normativa para abrir un centro equivalente a un cibercafé en Europa sería la misma que regula una tienda de fotocopias en España”, expresa Eduardo Bazaco.
La Asociación de Usuarios de Internet recuerda que las leyes del juego y reglamentos de máquinas han sido escritas para proteger a los usuarios de posibles abusos por parte de empresarios de juego. “Sin embargo, con el tiempo ha ido aplicándose a nuevas actividades de ocio, para las que, desgraciadamente, no hay en castellano un vocablo diferente”.
En las leyes inglesas, por el contrario, se diferencia claramente entre gambling (juego con apuestas) y gaming (juego de niños o sin apuestas). El gambling se regula, pero el gaming no y a los niños y jóvenes se les deja jugar con total tranquilidad.
La AUI se queja de que “poco a poco la pelota de las leyes de juego se va haciendo más grande, intentando legislar más actividades que, en ningún caso están relacionadas con apuestas y con la defensa del usuario, convirtiéndose en una herramienta cuyo uso sólo puede ser negativo para el usuario al que se pretendía defender”.
