Los números de tarificación adicional

El mismo día en el que el Senado aprobaba una moción en la que demandaba la puesta en marcha de medidas urgentes para proteger a los consumidores ante las reiteradas estafas mediante conexiones fraudulentas a Internet, la Guardia Civil destapaba un fraude que ha podido afectar a más de 45.000 internautas de toda España y el Gobierno anunciaba la decisión de acabar con el libre acceso a los números 803, 806, 807 ó 907.

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio presentó una orden ministerial que establece que los operadores de telefonía tendrán que contar con el consentimiento previo del usuario para ofrecer acceso a estos números. Esto es, las líneas de tarificación adicional (las que cobran más que el propio coste de la conexión al que llama para abonárselo a quien recibe la llamada, como tarots o ‘party lines’) no estarán activas por defecto (como ocurre en la actualidad) y a ellas sólo se podrá llamar desde los números de teléfono que expresamente los soliciten. Además, la nueva normativa obligará a las compañías de telecomunicaciones a incluir en sus facturas la identidad de las empresas que están detrás de esos números, sin escudarse en el anonimato actual en el que resulta prácticamente imposible saber quién nos está facturando y, por tanto, reclamar.

A partir de ahora, la Administración se compromete a incrementar las inspecciones de supuestos fraudes y a agilizar las actuaciones en caso de infracción. Las medidas a adoptar, exigidas reiteradamente por las asociaciones de usuarios ante la indefensión de los consumidores frente a los dialers que modifican la conexión a Internet hacia números de tarificación adicional, son estas:

• Los servicios de tarificación adicional de voz prestados a través de los 907 (tarots y ‘parti lines’, por ejemplo) y los de datos (Internet, por ejemplo para permitir el acceso a webs pornográficas a precios astronómicos) cuyo precio sea superior a un euro por minuto requerirán de una “solicitud previa y firmada de los usuarios a su operador de acceso”.

• La factura telefónica deberá detallar la identidad del que presta el servicio de tarificación adicional y diferenciar la parte cobrada por el operador y la que corresponde al titular de la línea. Así, el consumidor podrá pagar en la factura telefónica sólo las llamadas normales de ese mes y negarse a abonar los servicios que se le imputan con los que está en desacuerdo a la espera de que esa empresa de tarificación adicional se lo reclame. En caso contrario, el usuario tiene derecho a no pagar las llamadas sin que le corten el servicio, o a exigir la devolución de su importe.

• Los operadores deben informar sobre el precio, tipo de servicio y titular antes de empezar a cobrar tarifas adicionales y, en el caso de Internet, está información se mostrará claramente en pantalla y se proporcionará al usuario la posibilidad de cancelar el acceso. Uno de los problemas de la actualidad es que rara vez se informa de manera clara y diáfana, por lo que muchos usuarios creen que esos contenidos son gratuitos, cuando los está pagando a un precio muy alto (60 euros la hora).

• La normativa abarcará los servicios premium de mensajería sobre telefonía móvil, accesibles mediante el envío de mensajes SMS dirigidos a números cortos.

• La Comisión para la Supervisión de los Servicios de Tarificación Adicional tendrá un plazo de ocho días (antes era de un mes) para inhabilitar el número cuyo titular incumpla el Código de Conducta que protege a los usuario. Este número no se podrá asignar nuevamente antes de un año.

El abonado disconforme con la factura telefónica podrá presentar una reclamación ante las Juntas Arbitrales de Consumo o la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.

Los dialers son pequeños programas que redirigen al acceso a Internet hacia un número de tarificación especial, ocasionando fuertes incrementos en la factura telefónica por el acceso a la Red. Esto es, un usuario que está pagando unos pocos céntimos por minuto de conexión (el precio de una llamada local) pasa a pagar en ocasiones más de un euro por minuto. Estos programas no son de por sí ilegales, pero su utilización exige estrictos requisitos para que no se convierta en una actividad fraudulenta.

Los dialers se utilizan como una forma de cobrar al internauta el acceso a ciertas páginas web, normalmente relacionadas con servicios profesionales o contenidos eróticos, de ocio, descargas de programas, etc. El sistema, en teoría, no es malo: permite una forma de pago discreta (nadie tiene por qué saber que uno ha pagado por un contenido de ese tipo), cómoda (basta una llamada de teléfono) y segura (no hay tarjetas de crédito de por medio y todo se carga en la propia factura telefónica). Para no incurrir en fraude, el prestador del servicio debe aclarar en la pantalla que se va a modificar la conexión, el precio de la misma y ofrecer al usuario la posibilidad de aceptar o cancelar el acceso.

Normalmente, los dialers funcionan al descargar un archivo ejecutable (.exe) que se coloca en el escritorio y es el encargado de modificar la conexión. Lo que ocurre es que la mayoría de las veces las páginas web no avisan convenientemente de que se trata de un contenido de pago (esconden el precio tras licencias interminables y textos confusos) por lo que el internauta no es consciente, por falta de información o atención, de que un dialer ha modificado su acceso habitual a Internet.

Además, hay otras prácticas abiertamente ilegales que incluyen no informar -o hacerlo de manera inadecuada o engañosa- del cambio en la conexión o hacerla directamente sin el consentimiento o conocimiento del usuario, mediante programas incrustados en páginas web o activados al pinchar en banners publicitarios. Estos programas también son capaces de alterar la configuración del ordenador, modificando la página de inicio o añadiendo iconos al escritorio y barras de navegación.

Si bien las conexiones a Internet mediante cable o ADSL se encuentran a salvo de estas estafas (hay sistemas de pago para estas líneas, pero requieren siempre de que el usuario marque un número desde su móvil o teléfono fijo, lo que reduce considerablemente la posibilidad de ser estafados), el internauta que navega a un coste fijo mensual mediante alguna de las fórmulas de Tarifa Plana puede ver su factura multiplicada por 50 si es ‘atrapado’ por un dialer, pues éstos pueden conectarle mediante un número de tarificación adicional cada vez que accede a la Red.

Hasta esta nueva modificación de la normativa, el internauta se encontraba indefenso ante el ‘timo del 906’ en Internet, pues la legislación vigente no permite a los operadores desvelar el nombre de la empresa responsable del número de tarificación especial. Sin embargo, la LSSI ya obligaba a los prestadores de servicios a facilitar su nombre, domicilio social y forma de contacto, a la vez que el Código Penal recoge como ‘delito de daños’ la alteración de los equipos informáticos sin el consentimiento del usuario.

Sin embargo, hasta la fecha, el control de los dialers se basaba únicamente en la buena fe del que presta el servicio, llamado a cumplir el Código de Conducta aprobado por la Comisión para la Supervisión de los Servicios de Tarificación Adicional. Este Código obliga a informar del precio máximo por minuto de llamada, de los costes en distintos días y franjas horarias y, en caso de la publicidad de Internet, a presentar los precios de forma estática y con caracteres adecuados para su perfecta visualización.

Por supuesto, también obligaba al prestador de servicios a advertir claramente de la modificación de la conexión y a explicar de forma sencilla cómo restaurarla, a cortarla antes de 30 minutos y a incluir el mensaje “Sólo para mayores de 18 años”. Pero la lluvia incesante de quejas por parte de los internautas y la reciente actuación de la Guardia Civil, demuestran que el Código de Conducta se salta en numerosas ocasiones y la situación estaba muy lejos de estar controlada.

En una rueda de prensa conjunta entre la Guardia Civil y la OCU se ha dado a conocer el fraude por el que se han detenido a cinco personas en Madrid, que supuestamente han estafado entre 30 y 35 millones de euros a más de 45.000 usuarios, alguno de los cuales recibió facturas por un importe superior a 3.000 euros, a través de estos números telefónicos especiales.

Los usuarios afectados eran conectados mediante un dialer a una línea 806, 907 ó 906 que les daba acceso a zonas restringidas de más de 150 páginas de sexo, música, viajes u ocio, entre otros contenidos, que ya han sido clausuradas por orden judicial. En este caso, “la aplicación para realizar las llamadas se instalaba automáticamente, sin permiso expreso del internauta, aunque simultáneamente aparecía en pantalla un cuadro de diálogo con las condiciones del servicio”, según el portavoz de la Guardia Civil.

En la mayoría de los casos, si no en todos, los internautas se conectan a un número de tarificación especial sin ser conscientes, por lo que es necesario tomar una serie de precauciones para evitar sustos en las facturas. La Guardia Civil recomienda interponer una denuncia en caso de posible estafa, y no borrar la información del disco duro del ordenador afectado para poder recuperar información útil para detectar el fraude.

Algunos medios opinan que el dialer, utilizado de forma legítima, es casi la única manera de cobrar por los contenidos al internauta, que suele ser reacio a dar en la Red el número de su tarjeta de crédito. Sin embargo, todo parece indicar que la nueva normativa acabará con este tipo de abusos permitiendo al que realmente quiera usar este sistema de pago seguir haciéndolo. Para activar este servicio, el usuario sólo deberá llamar para pedirlo a su proveedor telefónico, con lo que nadie que desconozca el sistema podrá caer en la trampa.

La Guardia Civil sugiere, antes de que se pongan en marcha la nueva normativa de la Administración y coincidiendo con las advertencias de las asociaciones de usuarios, tomar una serie de medidas preventivas, tales como:

• Solicitar la desconexión de todos los números de tarificación especial para las líneas domésticas, sobre todo si los menores tienen acceso a Internet desde dicha línea, que se puede realizar a través número del número de atención al cliente de cada operador.

• Prestar atención a los mensajes del navegador y verificar detenidamente las condiciones al entrar a sitios web de contenido erótico, tarot, fondos de escritorio, salvapantallas, logos y melodías, casinos y, en general, desconfiar de la publicidad que ofrece gratis servicios normalmente de pago.

• No ejecutar archivos desconocidos presentes en el escritorio, pues pueden cambiar la conexión sin que el usuarios lo perciba. Comprobar una vez a la semana que el número marcado por el asistente de conexión telefónica es realmente el de nuestro proveedor de acceso a Internet.

• También es útil descargarse el programa para Windows CheckDialer, que controla las conexiones que se realizan a través de un módem. O bien sólo permite la conexión a Internet mediante los números permitidos por el usuario, o bien detecta los números de tarificación especial y detiene la marcación.