Marc Garriga Portolà se define como jefe de proyectos web en el sector público de Barcelona. Por su amplia experiencia tanto con las herramientas digitales como en el desarrollo de propuestas colaborativas para los órganos de gobierno municipales, es una de las personas más cualificadas para explicar a los ciudadanos qué es y qué quiere hacer la administración electrónica y participativa. Por el momento se muestra contento con el ritmo de transición que tiene la administración pública en su paso al mundo digital. Sin embargo, en consonancia con las conclusiones de un reciente estudio de EROSKI CONSUMER, reivindica más información útil y menos autopublicidad en los sitios web municipales. Garriga también forma parte del equipo organizador del “Personal Democracy Forum Europe”, un foro mundial sobre democracia participativa, es profesor en la Universitat de Barcelona (UB) y escribe los blogs Brou Casolà (en catalán) y Caldo Casero (en castellano).
Son dos conceptos diferentes. La administración electrónica es fruto del deber de las administraciones públicas de dar el mejor servicio a la ciudadanía con el menor coste en recursos. Con la administración electrónica se consigue mejorar el actual servicio que se ofrece a la ciudadanía y, además, se reducen costes: es la solución ideal.
La clave de la administración 2.0, en cambio, no radica sólo en la tecnología, aunque la requiere; la clave está en la actitud, como en cualquier concepto que sea 2.0. Este tipo de administración debe ser sencilla, próxima, proactiva, receptiva, innovadora, incentivadora de la participación, colaborativa, transparente, etc. Una administración 2.0 busca la colaboración de la ciudadanía para la realización de sus políticas. Éste es un cambio de fondo y de concepto mucho más ambicioso, y complejo de llevar a cabo, que la administración electrónica.
“Una administración 2.0 busca la colaboración de la ciudadanía para la realización de sus políticas”
No creo que se vaya demasiado rápido, más bien lo contrario. El paradigma “administración 2.0” tiene como objetivo involucrar a los ciudadanos en los servicios ofrecidos por las administraciones públicas, no sólo tener en cuenta su opinión cada cuatro años. A mi entender, es la mejor manera de que la ciudadanía se preocupe por los temas de la sociedad y que las administraciones públicas escuchen con frecuencia la opinión, las ideas y los comentarios de los ciudadanos. En el sentido literal de la palabra, estamos en la tarea de mejorar la democracia.
Cualquier cambio en una administración pública cuesta muchísimo. Hay que tener en cuenta que han trabajado décadas, algunas incluso siglos, con papeles. No es nada fácil el paso al ámbito digital, no sólo por cuestiones técnicas, que de por sí ya son complicadas, sino también por cuestiones humanas, por la habitual resistencia al cambio que tenemos la mayoría de las personas. También hay que tener en cuenta que, en muchos casos, se aprovecha la digitalización de trámites y servicios para rediseñarlos y optimizarlos para el ciudadano y, en especial, en un plano interno (la denominada “backoffice”).
“Hay que tener en cuenta que muchas administraciones han trabajado décadas, incluso siglos, con papeles”
No desaparecerán puestos de trabajo de funcionarios por el paso a la administración electrónica. El paso no es inmediato ni sustitutivo; la administración electrónica convive con la tradicional. Sí puede pasar que haya funcionarios que cambien sus funciones por otras de más valor, dado que, en su mayoría, se intentan realizar de manera electrónica las tareas más repetitivas.
Una web de una administración pública tiene como objetivo fundamental informar bien a su ciudadanía, en el sentido más amplio del verbo “informar”. Por otro lado, desde el primer día de enero de 2010, las administraciones públicas -en virtud de la ley 11/2007- tienen que poner a disposición de los ciudadanos la posibilidad de realizar cualquier trámite mediante el canal electrónico. No obstante, considero más adecuado que en la Web se puedan tramitar las gestiones más habituales y dejar las de menor demanda, o una gran complejidad, para el canal presencial, aunque sea por cuestiones de eficiencia presupuestaria. No tiene sentido invertir presupuesto en pasar al ámbito electrónico un trámite que apenas se usará.
La mayoría de sitios web de administraciones públicas pecan de exceso de información institucional, pero también se exceden en información que ya es obsoleta o carece del mínimo interés. Hay un verdadero problema de “infoxicación” porque raras veces se descuelga contenido debido a presiones políticas o a la simple desidia.
“Una web de una administración pública tiene como objetivo fundamental informar bien a su ciudadanía”
La mayoría de las gestiones públicas requieren primero identificarse. En el ámbito presencial, este proceso lo realizamos mediante el DNI o un documento similar; es un proceso que tenemos muy asimilado. En el ámbito electrónico, esta identificación la podemos hacer con un certificado digital, que apenas exige indicar de modo digital la identidad. Hay otras fórmulas para identificarse de manera electrónica, pero no reúnen la seguridad necesaria para realizar todos los trámites, por este motivo están en desuso. Los nuevos DNI ya incluyen un certificado digital, con lo que, en poco tiempo, toda la sociedad española dispondrá de un certificado digital como mínimo.
Hoy en día, redes como Facebook, Tuenti o Twitter, entre muchas otras, ya son lugares de encuentro de la ciudadanía; lo más lógico es que las administraciones públicas se acerquen a estas nuevas ágoras para escuchar y colaborar con los ciudadanos. Ya hay algunos ejemplos, aunque todavía son pocos y en un ámbito más informacional que conversacional. No obstante, un buen ejemplo es el municipio de Copons, una pequeña localidad catalana de unos 300 habitantes. Consigue gobernar de una forma más colaborativa, más abierta y, por tanto, más democrática, al implicar a la ciudadanía en las acciones del Ayuntamiento. Para ello, ha utilizado herramientas gratuitas como Facebook, Flickr o WordPress.
“Redes como Facebook, Tuenti o Twitter ya son lugares de encuentro de la ciudadanía; lo más lógico es que las administraciones públicas se acerquen a ellas”
Twitter es una muy buena herramienta para dialogar cuando se requiere inmediatez y brevedad. Es idónea para comunicar nuevos servicios y para encauzar las quejas o sugerencias de la ciudadanía. Ya hay varios ejemplos de administraciones públicas que están en Twitter, como los departamentos de Educación y de Trabajo de la Generalitat de Catalunya. Sólo hay una regla importante: no caer en el error de utilizar Twitter sólo para comunicar de manera unidireccional. Esta herramienta permite y promueve el diálogo, por lo que si una administración está en Twitter, puede comunicar, pero también debe escuchar.
La mejora de la tecnología, en especial de las comunicaciones, ha provocado que el vídeo sea un elemento cada vez más presente en la Web. Para el caso concreto de las páginas de administraciones públicas, el vídeo se puede usar -y de hecho ya se usa así- para ilustrar con imágenes las noticias que interesan a la ciudadanía, pero también para complementar la información turística o para mostrar cómo utilizar servicios públicos y cómo realizar determinados trámites, entre otras funciones.
Se podría usar, además, para que la ciudadanía exponga sus vídeos: de denuncia, de quejas, de sugerencias, de promoción turística. En la web Barcelona Visió, la ciudadanía sube vídeos sobre la ciudad mezclados con vídeos realizados por estudiantes del sector y vídeos del propio Ayuntamiento. El objetivo es ser un banco de vídeos de uso gratuito.
El “Personal Democracy Forum“, PdF, es un grupo de personas interesadas en debatir cómo la tecnología puede mejorar la política y la acción de los gobiernos; en definitiva, mejorar la democracia. Lo crearon Andrew Rasiej y Micah Sifry en 2004 y, aunque el debate es continuo, organizan cada año una conferencia que reúne a los mejores expertos mundiales en tecnología, en política y en cómo aplicar la primera para fortalecer la segunda.
“Los ciudadanos deben poder implicarse con las administraciones públicas en la definición y desarrollo de sus acciones”
A finales de noviembre del pasado año, el PdF cruzó el charco y se celebró la primera conferencia Personal Democracy Forum Europe (PdFeu) en Barcelona. El evento congregó a los mejores expertos europeos e internacionales en la Torre Agbar durante un par de días; se generó mucho debate en las sesiones, pero aún más en los descansos, en los pasillos. Se habló de cómo Obama llegó a ser presidente en buena parte gracias a la tecnología, de la movilización de la ciudadanía desde la sociedad civil, de cómo los gobiernos pueden (y deben) colaborar con la ciudadanía para el desarrollo de las políticas, de ser transparentes mediante la apertura de los datos públicos, del papel que juega Europa (y España) en este nuevo paradigma político, etc.
En Barcelona, Andre Rasiej comentó que la tecnología ha cambiado a la sociedad civil: “Lo que hemos descubierto es que la tecnología permite que la gente pueda organizarse utilizando las nuevas herramientas como Facebook, Twitter y YouTube, de cara a tener un impacto en el proceso político y para pedir que los gobiernos sean más sensibles a sus necesidades cotidianas”. Esto persigue PdF, mostrar cómo la tecnología puede mejorar aún más nuestra democracia.
No es que se pueda hacer, es que se debe hacer. Los ciudadanos deben poder implicarse con las administraciones públicas en la definición y desarrollo de sus acciones. Las instituciones públicas deben escuchar siempre a sus ciudadanos y hacerles partícipes de sus políticas; no sólo de las políticas de carácter lúdico, sino en especial de las políticas que afectan más a los ciudadanos, aunque no sean populares. Sólo con la implicación de la sociedad en las administraciones públicas se conseguirá que éstas sean más eficientes y la ciudadanía conocerá los límites de las instituciones públicas: se dará cuenta de que las administraciones públicas no pueden ser la solución a todos los problemas de la sociedad.
“El problema no es que la información no sea pública, sino que no está en el formato adecuado para tratarse de forma automática”
En general, el problema no es que la información no sea pública; hay muchísima información en los boletines oficiales del Estado, de las comunidades autónomas, etc. El problema radica en que esta información no está en el formato adecuado para tratarse de forma automática. Con un formato adecuado se podría llegar a saber, al detalle y de forma muy fácil, en qué invierte el presupuesto una determinada administración pública. En la actualidad, buena parte de esa información se podría obtener si se busca en los boletines oficiales, pero no es una tarea nada fácil ni automatizable. En la práctica, es como si la información no fuera pública.
El concepto “opendata” tiene como objetivo proporcionar toda la información pública al alcance de la ciudadanía y con un formato adecuado para que sea fácil de manipular y utilizarse en servicios públicos o privados. Se persigue que la Administración proporcione los datos públicos y que sea la propia ciudadanía quien, de forma altruista o con ánimo de lucro, genere servicios a partir de esa información. El ejemplo paradigmático de “opendata” es el portal “Data.Gov” de la administración americana, que contiene infinidad de información pública y no deja de crecer. Esta iniciativa se ha extendido a otros países: Reino Unido, Australia, etc., y también a España: el Gobierno Vasco y el Gobierno del Principado de Asturias ya han iniciado sus proyectos de “opendata”.
Lo haremos, y proyectos como el DNI electrónico ayudarán mucho en la posibilidad de votar de manera telemática. Cabe indicar la consulta ciudadana que tiene previsto realizar el Ayuntamiento de Barcelona acerca de cómo tiene que ser la nueva Avenida Diagonal. Esta consulta ciudadana, que afecta a 1,4 millones de personas, se podrá realizar de manera presencial, pero también, y aquí está la novedad, se podrá votar por Internet durante las 24 horas del día (o días) en que se celebre. Iniciativas como esta consulta ciudadana proporcionarán la experiencia necesaria para abordar, en un futuro no muy lejano, votaciones electrónicas de nuestros representantes políticos en las administraciones públicas.
