Internet es una parte del entorno civil donde los ciudadanos realizan actividades sociales y comparten información. Por tanto, las mismas legislaciones pensadas para el entorno físico también son extrapolables al entorno digital. Sin embargo, gobiernos de todo el mundo desarrollan legislaciones destinadas a un control férreo de la Red como una forma de luchar contra delitos como el terrorismo, las ciberamenazas o la pornografía infantil. El problema de estas medidas, a pesar de sus honestas intenciones, es que restringen la libertad individual y violan la intimidad de las comunicaciones entre las personas.
Con motivo del Día Mundial de Internet, este artículo expone las diferentes leyes que se han presentado y que han levantado numerosas polémicas.
Frente al Gran Hermano
Después de la lucha de la sociedad civil contra las diferentes medidas tomadas a nivel internacional para salvaguardar la propiedad intelectual en detrimento de los derechos fundamentales de los ciudadanos, el nuevo frente está en evitar la adopción de medidas gubernamentales para tener un control más férreo del ciberespacio y de las actividades que los ciudadanos realizan en las redes sociales.
Hasta ahora, la interceptación y monitorización de las comunicaciones de los ciudadanos han requerido la aprobación expresa de un juez, pues estas están protegidas por diferentes derechos fundamentales. En España, derechos como la vida privada, el secreto de las comunicaciones, la intimidad personal o la protección de datos solo pueden ser invalidados por una orden judicial en el transcurso de una operación policial amparada por el código penal. Violaciones de estos derechos sin causa se consideran muy graves y han costado la carrera a jueces tan destacados como Baltasar Garzón.
Hasta ahora, la interceptación y la monitorización de las comunicaciones de los ciudadanos han requerido la aprobación expresa de un juez
Sin embargo, los gobiernos, democráticos y dictatoriales, se plantean ahora relajar las restricciones a la vulneración de tales derechos. Argumentan que el objetivo es mejorar la seguridad de los ciudadanos y aseguran que los datos almacenados permanecerán seguros y lejos de usos comerciales o represivos. Pero tal explicación no convence a decenas de asociaciones de derechos civiles y activistas, entre los que se encuentran los principales desarrolladores y creadores de Internet.
La sensación es que caminamos hacia un escenario propio de la novela de George Orwell «1984», en la que un ojo onmipresente lo espiaba todo en nombre del poder máximo, el Gran Hermano. Orwell reflejaba así la pesadilla que vivían millones de ciudadanos en la órbita de los países comunistas bajo el terror de Stalin. Los activistas creen que dicha pesadilla puede renacer ahora bajo el «terror de los mercados financieros y sus intereses».
Espionaje en la cuna del liberalismo
En Reino Unido, el Gobierno prepara un plan para permitir que las diferentes agencias de inteligencia y cuerpos de seguridad puedan monitorizar Internet y las comunicaciones de los ciudadanos británicos. Es decir, que permitirá grabar todas las conversaciones de dichos ciudadanos sin su consentimiento ni la supervisión de un juez.
Entre otros objetivos, el plan británico quiere vigilar todas las comunicaciones en redes sociales, las llamadas de teléfonos y los correos electrónicos
Entre otros objetivos, el plan británico quiere vigilar todas las comunicaciones en redes sociales, los sitios visitados por los ciudadanos británicos, las llamadas de teléfonos sobre Voz IP, como el popular programa Skype, así como los correos electrónicos. Una de las voces críticas a nivel internacional contra estas medidas es Tim Berners-Lee, el creador de la Web y asesor del gobierno británico en materia de datos públicos, quienconsidera que esta legislación «destruye los derechos humanos».
Berners-Lee teme que toda la información que se genera en la monitorización de una persona pueda ser después vulnerable a robos o a liberación por parte de administradores públicos corruptos. Es decir, el almacenaje de toda esta indigente cantidad de información confidencial y privada conlleva riesgos. No hay que olvidar que los datos tienen un alto valor económico en el mercado.
Tras la SOPA, ahora la CISPA
En Estados Unidos, el pasado mes de abril fue aprobada en el Congreso una nueva legislación denominadaCISPA law (Ley de Intercambio y Protección de Información de Inteligencia Cibernética). Esta ley, que es tan polémica como las anteriores de antipiratería SOPAy PIPA, da autorización a las empresas privadas a compartir los datos personales de los usuarios con el Gobierno y las diferentes organizaciones de seguridad, en el caso de que un ciudadano sea sospechoso de promover o participar en algún tipo de amenaza.
Es decir, esta ley permite saltarse la autorización judicial previa que en la actualidad se exige para poder monitorizar a un usuario. Ahora, la ley CISPA pasa al Senado americano, donde deberá ser debatida y examinada antes de seguir adelante con su aprobación. Muchos de los detractores de esta nueva legislación creen que la forma en la que está escrita la ley es demasiado ambigua y permitiría que pueda se utilizada para otros fines; por ejemplo, como una forma de vigilancia y control de la sociedad y como mecanismo de represión en Internet.
La Casa Blanca emitió un comunicado oficial antes de la aprobación en el Congreso de la CISPA que muestra su firme rechazo a esta ley
La Fundación Mozilla ha asegurado que la ley CISPA atenta contra su privacidad, ya que permite que las empresas y gobiernos puedan tener inmunidad a la hora de acceder a información personal.
La Casa Blanca emitió un comunicado oficial antes de su visto bueno en el Congreso que muestra su firme rechazo en caso de que fuera aprobada en su redactado original. En su argumentación, el presidente Obama considera que esta propuesta legislativa da poderes al Gobierno para que las diferentes autoridades federales y empresas privadas puedan espiar de forma sistemática las comunicaciones privadas de los ciudadanos con la excusa de la lucha contra el terrorismo.
La Casa Blanca considera que se debería replantear la interpretación sobre cuando se deben monitorizar los datos privados de los usuarios por parte del Gobierno, pero no por parte de empresas privadas. Reconoce, además, que el ciberespacio es un espacio civil donde la seguridad y la privacidad no deben ser excluyentes una de la otra. Es decir, que para dotar de mayor seguridad a los ciudadanos no se tenga que violar de forma sistemática la privacidad y libertades civiles.
El pasado mes de abril, el Parlamento Europeo reclamó una normativa para reforzar el control de las exportaciones de aplicaciones informáticas por parte de empresas de la Unión Europa a regímenes autocráticos, con el fin de bloquear páginas web o ejercer algún tipo de censura de Internet o en redes móviles. La UE considera que acciones como la llamada “Primavera Árabe” han demostrado que Internet y las redes sociales son importantes para ejercer el derecho a la libertad de expresión y opinión. En este sentido, ha invitado a la Comisión Europea a presentar antes de 2013 una propuesta legislativa para mejorar el control del envío de este tipo de tecnología a terceros países.
