La Comisión Europea (CE) ha denunciado a España ante el Tribunal de Justicia de la UE (TUE) por incumplir el plazo fijado en el 1 de julio de 2005 para notificar a Bruselas las disposiciones por las que pondrá en marcha una directiva comunitaria que obliga a los Estados miembros a difundir informaciones como datos meteorológicos, sobre el tráfico o financieros para que puedan ser utilizada por empresas de contenidos sobre información pública.
Junto a España, la Comisión también llevó al TUE a Austria, Bélgica, Luxemburgo y Portugal, países que tampoco han informado sobre cómo van a aplicar la directiva sobre la reutilización de la información del sector público. El Ejecutivo comunitario estima que los beneficios del empleo de esta información pueden ascender a entre 10.000 y 48.000 millones de euros en la Unión Europea.
La directiva tiene como objetivo facilitar la creación de productos y servicios de información del sector público, así como evitar el falseamiento de la competencia en el mercado europeo de la información. La materia prima es toda la información pública que producen, recogen y almacenan los organismos públicos.
La Comisión afirma que la información pública es cada vez más reutilizable gracias a los soportes de contenidos que crean las nuevas tecnologías y los nuevos canales, como por ejemplo, las plataformas móviles. La Comisión apoyó su alta valoración de la reutilización de la información de los servicios públicos citando un reciente estudio elaborado por la Oficina de Defensa de la Competencia del Reino Unido que concluyó que su reutilización podría suponer para la economía de este país un beneficio cercano a los 1.500 millones de euros anuales.
