La Comisión Nacional de Competencia (CNC) ha resuelto el expediente abierto el 31 de enero de 2007 a Movistar, Vodafone y Orange, constatando que las tres operadoras concertaron los precios del establecimiento de llamada, lo que supone una práctica anticompetitiva.
Con motivo de la entrada en vigor de la Ley de Protección de los Consumidores y Usuarios el 1 de marzo de 2007, que puso fin al redondeo, las citadas compañías incrementaron de 12 a 15 céntimos el precio que cobraban a sus clientes por establecer una llamada. Ante la similitud de las subidas y su coincidencia en el tiempo, la Dirección General de Defensa de la Competencia inició un trámite de información reservada con el fin de determinar si abría un expediente sancionador, como así sucedió el pasado 9 de octubre.
Las tres operadoras recibieron ayer el pliego de hechos, de carácter no vinculante y sin valor de acusación formal, precisando que incurrieron en una «práctica concertada no permitida» por la Ley de Defensa de la Competencia al haber empezado a aplicar nuevas tarifas simultáneamente.
Las asociaciones de consumidores denunciaron el posible pacto de precios. «La fijación del precio por establecimiento de llamada en 0,15 euros con una subida idéntica del 25% sobre la existente por parte de los tres operadores de telefonía móvil es un indicio claro de la existencia de un pacto», señaló la Federación de Consumidores en Acción (FACUA).
Las operadoras se exponen a una sanción del 10% de su facturación anual, próxima a los 1.500 millones de euros
Ahora, las compañías disponen de un plazo máximo de 15 días para presentar sus alegaciones. Una vez resuelto este trámite, el expediente pasará a manos del Consejo Nacional de Competencia, que en caso de ratificar sus conclusiones puede imponer a las empresas infractoras una sanción del 10% de su facturación anual, próxima a los 1.500 millones de euros.
«Sorpresa» y «discrepancia»
Las operadoras ya han anunciado que presentarán las correspondientes alegaciones. Fuentes de Vodafone han mostrado su «sorpresa» y «discrepancia» ante las conclusiones de la CNC. A su juicio, el regulador «se equivoca gravemente al valorar los hechos, cuestiona la competencia del mercado y realiza un análisis incorrecto del derecho aplicable».
Igualmente, Movistar considera «sorprendentes» las conclusiones del informe porque la compañía «se limitó a adecuar sus tarifas a la Ley, comunicándoselas a sus clientes, consumidores y organismos sectoriales de acuerdo con las exigencias y plazos previstos en la normativa, y siguiendo los procedimientos habituales».
Orange, por su parte, ha rechazado también las acusaciones de Competencia al tiempo que ha recordado que toma sus decisiones de manera «absolutamente autónoma e independiente» en función de las características del mercado en el que opera y «con el ánimo de ofrecer las mejores tarifas» a sus clientes. La filial de France Telecom afirma que el coste del establecimiento de llamada es sólo un componente del precio del servicio, por lo que no resulta indicativo del precio que el cliente ha de pagar por el mismo.
OCU pide la máxima sanción
Tras conocer el informe de la CNC, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha anunciado que solicitará al órgano regulador que aplique la máxima sanción a las mencionadas empresas de telefonía móvil por pactar precios.
Movistar, Vodafone y Orange rechazan las acusaciones de Competencia y presentarán alegaciones
OCU recuerda que en la denuncia que presentó en su día, junto a otras organizaciones de consumidores, señalaba que «sólo con la subida del 25% del establecimiento de llamada pactada por los tres operadores, las compañías recuperarían el 60% de lo ingresado de más por el redondeo».
La asociación confía en que el procedimiento seguido contra las tres compañías «termine por confirmar las conclusiones de este informe» y que Competencia «sancione en su grado máximo a los operadores, para evitar en el futuro conductas similares dentro del sector».
