El Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea (UE) dio ayer luz verde a la directiva sobre retención de datos telefónicos y de comunicaciones electrónicas. Esta normativa obliga a las operadoras de telecomunicaciones a retener los datos durante un periodo de entre seis y 24 meses para la lucha contra el terrorismo y otros delitos graves.
No todos los ministros votaron a favor. Los de Irlanda y Eslovaquia se posicionaron en contra para mostrar su desacuerdo con la base jurídica elegida para esta legislación, aunque ello no impidió lograr la mayoría necesaria para sacar adelante las nuevas disposiciones.
En el momento en que la normativa sea publicada en el Diario Oficial de la Unión, los Estados miembros tendrán 18 meses para incorporarla a su legislación interna. Además, los países que lo soliciten dispondrán de 18 meses de periodo transitorio en lo que se refiere a la retención de los datos de comunicaciones a través de Internet.
La directiva establece que todas las llamadas telefónicas deberán ser registradas, tanto las recibidas como las perdidas o no contestadas. Igualmente, se retendrán los datos de correo electrónico. Así se podrá conocer, si es necesario, quién ha hecho una llamada, el lugar de procedencia y su duración, aunque no el contenido de la misma, cuyo acceso sólo será posible mediante la decisión de una autoridad judicial.
Tipos de datos
Entre los tipos de datos que se podrán retener, se encuentran los números de teléfono de origen y destino, los nombres y direcciones de las personas que llaman y de aquéllas para las que están registrados los números de teléfono en el momento de la conexión, así como el servicio telefónico utilizado.
En el caso de los móviles, se añade el identificador del equipo y para Internet las direcciones IP dinámica y estática asignadas por el proveedor de acceso, el nombre y dirección del usuario, y los datos sobre la hora, fecha y duración de una comunicación.
Se estima que la creación de una base de datos con todas las llamadas efectuadas y recibidas por cada usuario supondrá a cada compañía unos 100 millones de euros y unos 50 millones anuales para su mantenimiento.
