El Parlamento Europeo aprobó ayer una resolución en la que insta a garantizar que el acceso a Internet sea abierto y neutral, sin restricciones y a precios competitivos, por su importancia como motor para el crecimiento y el empleo. Reclama además a la Comisión Europea (CE) que vigile las prácticas anticompetitivas en la gestión de la Red como el bloqueo de acceso, las tarifas excesivas para servicios de voz y vídeo, las disparidades entre la velocidad de transmisión real y anunciada o la excesiva degradación de la calidad.
Los eurodiputados piden al Ejecutivo comunitario que vigile las normas que adopten los Estados miembros para garantizar la neutralidad de la Red e insisten en que solo si se adopta «un enfoque europeo coherente» se podrá garantizar su neutralidad de forma «eficaz». Garantizar la competencia efectiva en los servicios de las comunicaciones electrónicas, la transparencia sobre la gestión del tráfico y la calidad del servicio y facilidades para cambiar de operador constituyen, a su juicio, las condiciones mínimas necesarias para preservar la neutralidad de la Red.
«Una gestión razonable del tráfico de datos previene la congestión de la Red y garantiza el buen funcionamiento de las aplicaciones y los servicios. Sin embargo, la gestión del tráfico no puede suponer una amenaza para la competitividad», advirtió el presidente de la Comisión de Industria de la Eurocámara, el eurodiputado popular alemán Herbert Reul, en el debate previo.
Los eurodiputados subrayan de manera especial la importancia de que los consumidores puedan elegir y cambiar de proveedores con facilidad y piden que se garantice una información clara, eficaz, útil y comparable sobre las distintas prácticas y servicios comerciales, especialmente en Internet móvil. También insisten en la preocupación especial de los ciudadanos por la disparidad entre la velocidad de transmisión real y anunciada y piden a los Estados miembros que hagan cumplir la prohibición de la publicidad engañosa.
Los parlamentarios piden al Ejecutivo comunitario que estudie si son necesarias introducir medidas adicionales para garantizar la libertad de expresión, de acceso a la información y de elección para los consumidores y el pluralismo de los medios de comunicación en Internet en plazo de seis meses tras la publicación de los resultados de la investigación que impulsó el Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (ORECE).
