La Comisión Europea abrió ayer un proceso de infracción contra nueve países de la Unión Europea (UE) por no haber notificado la trasposición de la directiva comunitaria sobre la vida privada y las comunicaciones electrónicas.
Esta normativa prohíbe el envío de mensajes electrónicos comerciales no solicitados («spam») y establece una serie de medidas para proteger los datos personales de los usuarios de telefonía móvil, fija e Internet.
Suecia, Bélgica, Alemania, Grecia, Francia, Luxemburgo, Holanda, Portugal y Finlandia son los países que aún no han notificado la inclusión de la norma en sus ordenamientos jurídicos nacionales, a pesar de que el plazo para la trasposición terminó el 31 de octubre de este año.
Estos países pueden presentar sus alegaciones a la Comisión en el plazo de dos meses. Si no lo hacen de este modo, Bruselas les enviará un dictamen motivado y, en última instancia, podrá recurrir al Tribunal de Justicia de la UE.
La mencionada directiva establece también las circunstancias en las que estará permitido que las compañías de telecomunicaciones utilicen los datos de ubicación desprendidos de las señales de teléfonos móviles o de las conexiones a Internet.
Para el comisario de Empresas y Sociedad de la Información, Erkki Liikanen, esta normativa es «un componente esencial del nuevo marco reglamentario de las comunicaciones electrónicas». Por esta razón, considera que es necesario que los Estados miembros adopten un «enfoque legislativo coherente» en el ámbito del «spam» y en el uso de datos de localización.
