Las asociaciones de internautas han rechazado el texto de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI), aprobado ayer en el Congreso, porque consagra un canon «de forma indiscriminada con la excusa de la piratería», mecanismo que consideran «ineficaz e imperfecto» en la lucha contra este delito. El presidente de la Asociación de Internautas (AI), Víctor Domingo, ya ha anunciado que su organización recurrirá el texto en todas las instancias posibles, «sin descartar el Tribunal Constitucional».
Para el presidente de la Asociación de Usuarios de Internet (AUI), Miguel Pérez Subías, el texto está lleno de «contradicciones», como el hecho de que «se justifique el canon para la copia privada y se legalicen los sistemas anticopia de los originales», o que el gravamen se establezca según la capacidad de los dispositivos. «Cada 18 meses, la industria duplica la capacidad de las memorias y divide a la mitad los precios», por lo que «pronto el canon será mayor que lo que cuesta el propio dispositivo».
Pérez Subías critica especialmente la forma de gestión que se ha decidido para el canon, a través de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), «una entidad privada que no repercutirá el ingreso en los autores, sino en fortalecer la maquinaria recaudatoria».
El responsable de la AUI lamenta que los diputados y senadores hayan votado a favor del texto cuando habían reconocido expresamente que la Ley «nace obsoleta», contradicción que se explica por «la fuerza del lobby cultural y la presión mediática que puede ejercer». «En privado nos decían que estaban con nosotros y luego en público hacían lo contrario. Ha faltado valentía política», apunta Pérez Subías.
En la misma línea, la Confederación General de las Pequeñas y Medianas Empresas del Estado Español (COPYME) denuncia el sobreprecio que pagarán las empresas por realizar, por ejemplo, copias de seguridad de sus documentos. COPYME reclama la modificación del artículo 25 de la Ley para que los autores reciban la compensación por las copias «efectivamente realizadas» de sus obras y para que no se traslade a toda la sociedad un canon «injusto e inflacionista».
Transparencia
La plataforma Todoscontraelcanon.es pide transparencia e información para la aplicación del canon y el modo en que dicha compensación se refleje en las facturas a los usuarios finales; «queremos saber cuánto pagamos, a quién se lo pagamos y quién es el responsable de esos cobros». A su juicio, la transparencia es un requisito necesario para que el usuario sepa lo que paga y adónde va ese dinero, cómo se redistribuye entre los destinatarios.
Por otro lado, advierte del «aluvión de demandas judiciales» que provocarán las contradicciones legales del texto: «ampara el canon en el derecho a copia privada que pueden ejercer los ciudadanos y a su vez dice explícitamente que no se puede ejercer este derecho cuando el producto incorpore un sistema de protección a pesar de haber cobrado previamente por ello».
Finalmente, la plataforma, que hasta la fecha ha recogido cerca de 300.000 firmas contra el canon, confía en que el Gobierno escuche a los consumidores, internautas y profesionales que solicitan una revisión del artículo 25 para que esta compensación «no sea exigida y aplicada de forma indiscriminada» en todos los equipos y soportes aptos para la grabación y reproducción de información.
