Casi un año han necesitado los ministerios de Industria y Cultura para consensuar su propuesta sobre el canon digital. Ayer, por fin, la presentaron y remitieron a los sectores implicados (entidades de gestión de derechos de autor y fabricantes de equipos electrónicos). Posteriormente se enviará al Consejo de Usuarios y Consumidores (CCU).
En una nota conjunta, ambos ministerios señalan que «la propuesta de Orden Ministerial contempla, de manera equilibrada, los intereses de los creadores, los consumidores y de la industria». El objetivo, dicen, es «compensar los derechos de propiedad intelectual que los creadores dejarán de percibir por razón de las copias para uso privado, respetando así la normativa europea». Y matizan: «No se trata, por tanto, de compensar la piratería».
La propuesta recoge la relación de equipos, aparatos y soportes materiales sujetos al pago de la compensación por copia privada, las cantidades aplicables a cada uno de ellos y la distribución entre las diferentes modalidades de reproducción.
Fuente: MInisterio de Cultura
Algunos soportes que ya estaban gravados, como los CD y DVD vírgenes, ven reducidas sus tarifas en más de un 20%. Asimismo, las grabadoras de CD/DVD y las impresoras multifunción de inyección de tinta rebajan su aportación en un 48,5% (3,40 euros) y un 47% (7,95 euros), respectivamente. También baja el canon de las impresoras láser, que pasa de 15 a 10 euros (-33,3%).
Entre los nuevos productos que pasan a soportar el canon digital están los móviles (1,5 euros), los reproductores de MP3 y MP4 (3,15 euros) y las memorias USB (12 euros). No varía el impuesto de los escáner, ni el de las grabadoras de CD ni el de los discos RW.
El Gobierno prevé que la Orden Ministerial que fije las tarifas definitivas del canon digital entre en vigor a mediados de enero, dependiendo de su proceso de tramitación.
Impuesto «injusto»
La plataforma Todoscontraelcanon.es critica que la propuesta de tarifas presentada no recoge ninguna de sus peticiones y recuerda que un millón y medio de ciudadanos han mostrado su rechazo a un impuesto «injusto y poco democrático».
«En el modelo propuesto los ciudadanos vamos a pagar por nuestras fotografías, por hablar por teléfono o por escribir nuestros correos; las administraciones públicas van a subvencionar directamente la actividad de entidades privadas como son las entidades de gestión en razón de una copia privada que no hacen, algo que atenta contra todos los principios democráticos», señala la plataforma.
A su juicio, la solución es que el canon digital se cobre directamente sobre la obra que lo genera y no en los equipos y soportes donde se reproduce. «Esta solución -apunta la plataforma- es justa y sencilla, ya que cada cual cobra por su trabajo y lo carga en sus productos y no en los de terceras partes».
De su lado, las entidades de gestión de derechos de autor -SGAE, AISGE, DAMA Y CEDRO- han lamentado el retraso de la propuesta y estiman que «aún es pronto para saber si las tarifas están bien o mal valoradas».
Magdalena Vinent, directora general de CEDRO, explica que el «canon no pretende criminalizar a los ciudadanos haciéndoles sospechosos de piratería. Es al revés. Permite el derecho a la copia privada para que la cultura pueda llegar a cualquier sitio. Si no hay canon, se dejaría la copia al margen de la legalidad».
Votación en el Congreso
Precisamente, mañana se vota en el Congreso de los Diputados el texto de la Ley de Impulso de la Sociedad de la Información (LISI), que incluye una enmienda, aprobada la semana pasada por el Senado, que exige la eliminación del canon digital.
Para las entidades de gestión, la supresión de este gravamen «representaría una catástrofe para la cultura española y su industria de contenidos», indican en un manifiesto presentado ayer. «La compensación por copia privada -continúan- protege el derecho de la propiedad intelectual más progresista, el que pone en manos de los ciudadanos la posibilidad legal de disfrutar, en el ámbito doméstico, miles de obras y creaciones intelectuales sin autorización previa».
Todoscontraelcanon.es, en cambio, espera que el jueves «los diputados apliquen el sentido común y no se dejen llevar por la presión de los intermediarios, que son los que realmente se benefician de un canon indiscriminado».
