Las organizaciones de internautas reclaman que la nueva ley que regulará el comercio electrónico en la red acabe con la inseguridad, pero creen más acertado que la potestad de cerrar páginas web quede sólo en manos de los jueces, y no en la Administración. El presidente de la Asociación de Usuarios de Internet, Miguel Pérez, aseguró que la impunidad «no acabará» con esta norma porque «Internet es una red global y los usuarios seguirán teniendo acceso a mercados o mercadillos que continuarán estando al margen de la ley». Víctor Domínguez, presidente de la Asociación de Internautas, espera que la nueva ley «defienda a los internautas ante las grandes empresas que operan en la red y ante la inseguridad jurídica».
Junto a la polémica jurídica que ha suscitado la ‘ley Birulés’, en referencia a la ministra de Ciencia y Tecnología, los usuarios de Internet también están dando su parecer ante la aprobación de la norma.
El Consejo de Ministros dio luz verde al proyecto de ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI), la primera norma que regulará las actividades económicas por vía electrónica. El proyecto, que será remitido a las Cortes, incluye multas de hasta 600.000 euros (100 millones de pesetas) y permite a los jueces y a la Administración cerrar páginas web.
El presidente de la Asociación de Usuarios de Internet, Miguel Pérez, aseguró que esta norma no acabará con los «mercadillos» que funcionan al margen de la ley. Sin embargo, resaltó que «al menos, se creará un marco de reglas comunes en las que basarse».
Pérez indicó que la ley «prohibirá el envío de correo comercial no solicitado», y lo que ha despertado más polémica, decidirá «quién valora si un determinado contenido se debe retirar o no de una página web».
En su opinión, «deberán ser los jueces los que decidan la retirada de contenidos en las páginas web y las sanciones que se deben imponer», en lugar de las autoridades administrativas.
El portavoz de la Asociación de Usuarios de Internet señaló que con la aprobación de este proyecto de ley «se aportará confianza y seguridad, tanto para el que compra como para el que vende» a través de la red.
En este sentido, explicó que regulará también la obligación de especificar «quiénes son los que venden y qué es lo que venden a través de la red», es decir, la obligación de que las empresas de comercio electrónico «aparezcan en el registro mercantil y se dé validez a los contratos hechos por Internet, que actualmente generan problemas de tipo jurídico».
Por su parte, el presidente de la Asociación de Internautas, Víctor Domínguez, recordó que la ley debe regular «tan sólo el comercio electrónico y «ninguna otra cosa», para que «se respeten las garantías constitucionales y sean los jueces los que decidan qué contenidos se retiran y cuáles no de una web». «Además, esperamos que la nueva ley prohíba el envío masivo de correo no deseado y que los juicios se diriman en el lugar de residencia del afectado», señaló. Explicó que su asociación «ha creado una comisión interna para estudiar el texto redactado y remitirlo a los asociados para que se posicionen ante él y poder trasladarlo posteriormente a los grupos parlamentarios para que lo conozcan. Calculamos que hasta junio, al menos, no se hará efectiva la ley, cuando haya pasado por todos los trámites parlamentarios».
Insistió en que «sigue existiendo mucha impunidad y mucha inseguridad» a la hora de operar en la red, por lo que «esta ley servirá para, al menos, identificar a los culpables», sin que «afecte a la intimidad ni a la libertad de expresión de los usuarios de la red».
Recordó que el próximo paso será «la regulación de la firma digital»: un DNI digital de cada persona, que servirá para proteger a los usuarios y su identidad o datos personales a la hora de realizar transacciones o en las propias relaciones con la Administración.
