A partir de hoy quien compre un móvil con tarjeta de prepago deberá dar sus datos personales. Esto es así porque entra en vigor la Ley de Conservación de Datos en Comunicaciones Electrónicas y Redes Públicas.
Esta normativa, que se enmarca en una directiva europea de seguridad en las comunicaciones, permite a las autoridades policiales conocer la identidad de los titulares de tarjetas prepago de teléfonos móviles en el marco de una investigación.
Las operadoras estarán obligadas a ceder, siempre que así se lo requiera la Policía, los datos conservados «en lo concerniente a comunicaciones que identifiquen a personas, sin perjuicio de la resolución judicial» que lo autorice y que permitan rastrear el destino y el origen de una comunicación, así como la identidad de todas las personas implicadas en ella.
Los datos deberán conservarse durante un año desde el momento en que se produzca la comunicación, pero sólo los necesarios para identificar el origen y destino de la misma, la hora, fecha y duración, el tipo de servicio y el equipo utilizado.
Los más de 20 millones de usuarios de móviles de prepago tienen dos años para facilitar sus datos a su operadora; en caso contrario se quedarán sin línea
Salvo que los usuarios den el consentimiento expreso a la operadora para poder utilizar sus datos para enviarles promociones y ofertas, sólo serán utilizados si los requieren las autoridades, con autorización judicial y para las investigaciones de delitos de terrorismo o crimen organizado. Para otros fines, alguna operadora está preparando un formulario en el que además de los datos obligatorios se requieren otros bajo un apartado de «datos voluntarios».
La ley recoge que los gastos e infraestructuras para la conservación de los datos en nuevas bases correrán a cargo de las empresas.
Dos años de plazo
En nuestro país, según datos de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) correspondientes al mes de agosto, hay 20.458.068 números de telefonía móvil en prepago, lo que supone el 41,9% del total. Algunos de sus usuarios están identificados, ya que suelen dar su nombre cuando se ponen en contacto con los servicios de información al cliente. No obstante, a partir de ahora tienen dos años de plazo para dirigirse personalmente a un distribuidor con un documento (DNI o pasaporte y en el caso de empresas el número de identificación fiscal) para que registre nombre y apellidos, nacionalidad y documento de identificación.
Ante la perspectiva de tener que dar de baja a los clientes que no se adapten a la ley en dos años, las operadoras preparan campañas de información que se difundirán en este periodo, y diseñan fórmulas para hacer más fácil el trámite a sus usuarios.
Se prevé que las compañías de telecomunicaciones van a aprovechar esta normativa para animar a los clientes a pasarse a contrato, mediante promociones, por lo que se espera que se acelere esta tendencia que se observa en los últimos meses. Así, los datos de agosto indicaban que el número de usuarios de prepago había disminuido un 2,5%, mientras el de contrato había subido un 9,6%.
