El debate del proyecto de Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSI) llega esta semana al Congreso. De momento, existen discrepancias sobre los beneficios del texto en cuestión y la mayoría de asociaciones de usuarios de la red han planteado la necesidad de una revisión profunda del texto.
Un comunicado conjunto en cuya elaboración han participado la Asociación de Usuarios de Internet, la Asociación de Internautas, la Asociación de Usuarios de la Comunicación, la Federación de Usuarios y Consumidores Independiente y la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, recoge la necesidad de especificar de manera clara la distinción entre actividades económicas y las que no lo son. La nota conjunta considera «insuficiente»la definición sobre la intervención de la autoridad judicial en todos aquellos supuestos en los que pudieran verse afectados derechos fundamentales y las situaciones en la que la autoridad administrativa puede actuar. Una vez más se reclama la obligatoriedad de «autorización expresa» para poder enviar comunicaciones promocionales o publicitarias por correo electrónico.
Desde los partidos políticos, el debate está servido antes de llegar al Congreso el texto del proyecto de ley. En concreto, la coordinadora de Participación y Acción Sectorial del Partido Popular, Ana Mato, calificó días atrás de «pataleta» la decisión del PSOE de presentar una enmienda de devolución al proyecto de LSSI. Antes, el pasado 28 de marzo, el PSOE, Izquierda Unida y el Bloque Nacionalista Gallego anunciaron su intención de reclamar la devolución del proyecto de ley, al considerar que abre la puerta a la censura por parte de la Administración, genera inseguridad jurídica, va en contra de la libertad de expresión e información y perjudica a las pequeñas empresas.
El PSOE ha decidido pedir la devolución de la Ley, pero, a diferencia de IU, no va a plantear texto alternativo.
Atención a los internautas
Frente a la pugna con los partidos de la oposición, el PP se ha mostrado dispuesto a estudiar las propuestas de las asociaciones de internautas y usuarios y de CC.OO., por considerar que aportan mejoras al texto actual, hasta el punto de que algunas ideas de las aportadas se podrían incluir en enmiendas, cuyo plazo de presentación concluye el próximo 9 de abril.
El PP va a defender la prohibición del envío de correo electrónico masivo no solicitado («spam») para defender los intereses de los usuarios y consumidores. Entre las propuestas que estudia el PP está la flexibilización de las sanciones previstas en el proyecto de ley, especialmente las que se aplicarán en las infracciones leves, que dependerán también de la facturación del infractor.
