Un total de 123.939 usuarios españoles se han provisto ya de firma electrónica avanzada a través de la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre, para sus relaciones con las Administraciones Públicas, según datos del Ministerio de Economía. Esta firma es necesaria para realizar funciones tales como declarar los impuestos, contrastar su biografía laboral con sus cotizaciones a la Seguridad Social y comprar bonos del Tesoro a través de la red.
La comunidad de Madrid, con 30.572 usuarios activos, seguida de Cataluña, con 23.754, Andalucía, con 17.184 y la Comunidad Valenciana, con 12.456 lideran esta relación. Extremadura, con 1.587, supera a Cantabria, La Rioja, País Vasco, Navarra, Melilla y Ceuta. Los ciudadanos que sueñan con olvidar para siempre las esperas ante esas ventanillas del «vuelva usted mañana» para pagar multas, solicitar permisos o consultar dudas legales tienen que dar, eso sí, un paso decisivo: obtener la certificación de su «firma electrónica» con toda seguridad y validez jurídica.
La firma electrónica sirve para agilizar las relaciones con la Administración, pero también para realizar compras seguras vía Internet y para cientos de otros usos. Así, la Sociedad General de Autores de España (SGAE) ha puesto en marcha un sistema para que sus socios puedan realizar a través de Internet trámites como el registro de una composición musical o la liquidación de sus derechos.
Abogados y juzgados
Otro ejemplo: entre el Colegio de Abogados de Madrid y el Decanato de los Juzgados funciona un sistema de tramitación electrónica de las diligencias procesales. Una tarjeta supervisada por la Fábrica de la Moneda y Timbre, insertada en el ordenador, permite verificar la identidad del abogado mediante una clave personal que también comprueba la clave del terminal del Juzgado receptor.
Desde diciembre del pasado año se puede comprar y vender deuda pública por Internet sin pagar comisiones. Los valores quedan anotados en una «cuenta directa» a nombre del titular en el Banco de España, entidad que se ocupa de canalizar las cantidades de dinero que resultan de las órdenes de compra-venta de valores que los clientes remiten al Tesoro. La Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre remite los códigos identificativos, pero se exige presencia física (a realizar en cualquier capital de provincia) para darse de alta en el servicio.
Uno de los servicios más veteranos de relación vía Internet lo presta la Agencia Tributaria. Varios miles de personas, con firma electrónica reconocida, acceden a sus datos fiscales a través de la red, y rellenan con ellos su declaración de la Renta. También la Seguridad Social ha abierto su ventanilla virtual de atención al usuario. Empresas y ciudadanos en general pueden realizar las consultas y trámites que hasta ahora requerían su presencia en las oficinas.
Firma electrónica
La firma electrónica es el conjunto de datos (códigos, claves criptográficas privadas), que se asocian inequívocamente a un documento electrónico -contenido en soporte magnético, disquete o disco duro de ordenador-, que permite identificar a su autor.
Para que se reconozca su carácter «avanzado» es preciso que la firma electrónica sea altamente fiable, permita detectar cualquier alteración no autorizada del documento, y que el Prestador de Servicios de Certificación que intervenga esté acreditado, es decir, que haya pasado el correspondiente «examen profesional». Además, también dispositivo de creación de firma empleado por el firmante ha de estar certificado oficialmente.
La clave privada (secreta) se encuentra incorporada a tarjetas inteligentes, similares a las de crédito o débito, que llevan un chip con información del titular, la entidad emisora y el conjunto de bits que conforman esa clave. Son tarjetas de uso personal e intransferible, al estar protegidas por un código secreto que sólo su titular conoce.
Para saber si un Prestador de Servicios de Certificación está acreditado se puede consultar el registro creado bajo dependencia del Ministerio de Justicia. Al igual que en una tarjeta de débito o crédito -el mal llamado ‘dinero de plástico’-, en la firma electrónica se pueden limitar desde el valor de las posibles transacciones (en el caso del comercio electrónico) hasta el tipo de usos
