La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM) comenzará a prestar servicios de certificación electrónica al sector privado a partir del próximo 1 de septiembre.
Así lo anunció ayer el director general de la FNMT-RCM, Gonzalo Ferre Moltó, durante unas jornadas sobre la aplicación práctica de Internet para pequeñas y medianas empresas (pymes). Moltó aseguró que este servicio, que se prestará también a bancos, grandes superficies y otras empresas, «nos permitirá ampliar los límites económicos y geográficos de nuestras transacciones hasta límites inconcebibles hace poco tiempo».
Este organismo ha sido pionero en la introducción de la firma electrónica como medida para garantizar la seguridad y la validez de las transacciones a través de Internet, añadió Ferre Moltó, quien recordó que la institución puso en marcha en el año 1996 el Proyecto de Certificación Electrónica Española (CERES).
Una vez superados los problemas de falta de regulación y de seguridad en Internet que existían hasta hace poco y que han sido un lastre para la expansión del comercio electrónico, la FNMT-RCM puede ya garantizar la seguridad de este tipo de operaciones, que contribuirán al desarrollo de la Sociedad de la Información, dijo Ferre Moltó.
La firma electrónica avanzada que ofrece la FNMT-RCM -que tiene la misma validez que la firma manuscrita- asegura la confidencialidad de las transacciones y la autenticidad de la documentación intercambiada, así como la identificación de la persona que envía esa documentación mediante un registro de usuarios que permite verificar su identidad.
La Fábrica Nacional de Moneda y Timbre ya presta este servicio a más de 50 instituciones públicas, desde pequeños ayuntamientos hasta ministerios como el de Economía, gracias al cual los usuarios pueden pedir becas, ayudas o subvenciones, así como registrar patentes, comprar deuda estatal o hacer la declaración de la renta.
El Proyecto de Ley de Firma Electrónica, elaborado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, está actualmente en trámite parlamentario, después de que lo aprobara el Consejo de Ministros el pasado 6 de junio.
