Los principales objetivos de la Ley de Servicios Digitales: más seguridad y transparencia en Internet

Los servicios digitales son todas las actividades y funciones que se ofrecen a través de plataformas online. Incluyen redes sociales, servicios de correo electrónico, almacenamiento en la nube, plataformas de comercio electrónico, así como servicios de transmisión de contenido multimedia.

Estos servicios manejan enormes cantidades de información que ponen a disposición de gigantes como Google, Microsoft, Amazon, Apple o Meta. Estas empresas pueden utilizar estos datos de forma ética o no, empleándolos para difundir información sesgada o falsa, así como propagar contenidos ilícitos. También pueden distorsionar el equilibrio del libre mercado. Un ejemplo es la reciente demanda de la Asociación de Medios de Información (AMI) contra Meta por competencia desleal. La demanda alega que la empresa matriz de Facebook no cumplió con la obligación de obtener el consentimiento explícito de los usuarios para el tratamiento de sus datos.

Todo este poder ha provocado una reflexión profunda sobre la necesidad urgente de establecer regulaciones que nos protejan como usuarios. La Comisión Europea inició en 2020 la formulación de un marco legal destinado a asegurar la transparencia en la recopilación y uso de datos personales por parte de estas plataformas.

La Ley de Servicios Digitales (Digital Services Act) fue aprobada el 19 de octubre de 2022. Aunque ya está en vigor para las plataformas de gran tamaño (con más de 45 millones de usuarios en la Unión Europea) desde finales de agosto de 2023, el resto de plataformas tienen hasta el 17 de febrero para adaptarse a ella.

La Ley de Servicios Digitales (DSA) regula las responsabilidades de las empresas que actúan como intermediarios entre consumidores y bienes, servicios y contenidos. El objetivo es crear un entorno online “seguro, predecible y digno de confianza”, para que los ciudadanos podamos ejercer nuestros derechos como la libertad de expresión y de información o el derecho a la no discriminación. Es decir, que lo que es ilegal en el mundo real también lo sea en el mundo online.

Esta normativa complementa la Ley de Mercados Digitales, creando un marco integral. ¿Pero cómo nos afecta a los usuarios? Esto es lo que implica.

Las plataformas de compras online no pueden actuar como meros escaparates, permitiendo a cualquier comerciante anunciarse sin control o vender cualquier producto o servicio. Deberán identificar de forma clara quién vende cada producto con el fin de detectar a los comerciantes deshonestos y salvaguardar a los compradores de productos ilegales, falsificados o peligrosos. Además, tienen que especificar si la transacción se realiza directamente con ellos o con un vendedor externo, detallando cómo se reparten las responsabilidades; de lo contrario, podrían ser consideradas responsables de problemas derivados de esa transacción.

Para cumplir con esta normativa, los marketplaces tienen que verificar la documentación de aquello que comercializan y desarrollar soluciones de trazabilidad para que cada vez lleguen menos productos y servicios ilegales al mercado europeo. También están obligados a informar a los consumidores si han adquirido uno de estos productos.

Esta responsabilidad incluye alertar sobre la ilegalidad, proporcionar la identidad del comerciante y ofrecer los recursos necesarios para reparar la situación.

• Por ejemplo, se dispondrá de un nuevo sistema de alertadores fiables para que los propietarios de las marcas puedan agilizar y simplificar la denuncia y la retirada de las mercancías falsificadas.
• Cuando hay una alerta, la plataforma debe notificar al comprador que el artículo infringe la ley o los derechos de propiedad intelectual y proporcionar la identidad del comerciante, con el fin de que el consumidor pueda denunciar.
• La plataforma también tiene la obligación de ofrecer recursos y soluciones para reparar la situación como facilitar la devolución, el reembolso o cualquier otro medio con el fin de corregir el problema y asegurar que el consumidor sea compensado de manera justa.

Las plataformas online tienen la obligación de ser transparentes sobre sus contenidos, identificando cuáles son publicitarios y quién es el anunciante. Deben explicar los criterios utilizados para que el usuario reciba estos contenidos, permitiendo que este opte por no recibir recomendaciones personalizadas o modifique estas preferencias.

A la hora de presentar publicidad o contenidos, las plataformas no pueden construir los perfiles de usuario basados en datos sensibles, como origen étnico, opiniones políticas u orientación sexual. En el caso de los menores, la protección es mayor al prohibirse la publicidad dirigida a los más pequeños.

Igualmente, las plataformas tienen prohibido el uso de tácticas denominadas “patrones oscuros”, que son trucos destinados a manipular a los usuarios para que tomen decisiones rápidas. Un ejemplo sería indicar que solo queda una plaza disponible para un vuelo, cuando no es verdad, generando una sensación de urgencia.

Los internautas tendremos una mayor capacidad de elección sin estar influenciados de manera tendenciosa por las grandes empresas, que están obligadas a ofrecer todos los servicios y bienes que alojan, sin limitar la oferta a sus propios productos. Por ejemplo, Amazon no puede mostrar exclusivamente productos de Amazon Basic.

Además, estas plataformas no pueden combinar los datos personales obtenidos de distintos servicios sin el consentimiento del usuario. Esto se aplicaría, por ejemplo, a Meta, matriz de empresas como Facebook, Instagram y WhatsApp.

Asimismo, las empresas de mensajería tienen que permitir que sus usuarios intercambien mensajes de texto, voz o vídeo con otras plataformas. Por ejemplo, WhatsApp, de Meta, permitirá que sus usuarios puedan comunicarse con otros a través de Signal y Telegram, sin necesidad de tener una cuenta de Meta.

Las plataformas online tienen la responsabilidad de proporcionarnos un canal por el que nos informen sobre la presencia de contenidos o productos ilícitos. También tendremos la opción de presentar reclamaciones, buscar acuerdos extrajudiciales, presentar quejas ante la autoridad nacional en nuestro idioma o, incluso, solicitar indemnizaciones.

Si presentamos una queja a una plataforma online, esta nos debe confirmar que ha recibido la reclamación, revisar la información que le proporcionamos y decidir si eliminar o no el contenido señalado. Si deciden no eliminarlo, deben explicarnos el porqué. Durante todo este proceso, la plataforma debe mantenernos informados y proporcionarnos explicaciones claras.

Además, las plataformas deben enviar a las autoridades competentes informes detallados sobre las acciones que han tomado para moderar problemas en un plazo de un año (o seis meses si es una plataforma grande).