Un grupo de organizaciones sociales y profesionales, entre las que se encuentran Hispalinux, RITSI, Comfia-CCOO, COPYME o la Asociación de Internautas (AI), han enviado a los grupos parlamentarios una serie de propuestas de enmienda a la Ley de Impulso de la Sociedad de la Información (LISI) para que sean tenidas en cuenta durante su trámite parlamentario.
Estas organizaciones recuerdan que Internet es una herramienta eficaz para lograr la mejora del bienestar y la calidad de vida de todos los ciudadanos pero «una mala orientación de las normas con las que trata de ser regulada no sólo puede retrasar este hecho sino que, incluso, puede llegar a provocar graves desequilibrios, discriminaciones y perjuicios a todos».
Consideran que la normativa debe dejar claro que sólo los jueces podrán suspender una publicación electrónica o impedir la difusión de un contenido en Internet. «Cualquier ambigüedad en la letra de la ley que contravenga o desvirtúe esta máxima es el más grave atentado contra la Democracia», advierten.
Los firmantes añaden que el acceso a la cultura, a la ciencia y a la tecnología es también un «derecho garantizado» a todos los ciudadanos y no puede estar supeditado a «intereses sectarios». En este sentido, indican que los autores deben poder defender individual o colectivamente todos sus derechos «sin menoscabo del interés general». Asimismo, abogan por estimular el paso a dominio público de las obras de forma anticipada y por proteger el conocimiento generado por el sector público como patrimonio del Estado.
Finalmente, recuerdan que el disfrute de la Red debe ser «un servicio universal» y por ello cualquier persona, institución o empresa debe poder compartir sus infraestructuras y servicios «sin posibilidad de que haya cortapisas ni impedimentos» por parte de terceros y sin que los proveedores de Internet «puedan alterar, priorizar, penalizar o impedir las comunicaciones según su tipo sin el consentimiento expreso del usuario».
