Desde su creación, la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI) no ha parado de generar polémicas. Una de las más recientes se refiere a la retención de datos de tráfico de la Red que deberán llevar a cabo los proveedores de servicios de Internet (ISP) durante un año. Una medida que ha causado todo tipo de repercusiones y que ha obligado a la Comisión de Ciencia y Tecnología a modificar ciertos aspectos de la misma.
La retención de datos supone que un ISP debe almacenar los registros o logs generados por el tránsito de usuarios. Esto no es sino un fichero informático que registra la actividad de las comunicaciones de una dirección IP (código numérico que identifica a un ordenador específico en Internet). Contiene los datos referentes a la hora/minuto/segundo de la conexión, la dirección IP asignada por el prestador de servicios de conexión a Internet y el número de teléfono u otro número de conexión telemática que permita conocer el punto desde el que se estableció la conexión. Una sencilla manera de saber qué tipo de movimientos realiza un cibernauta por la Red.
La reacción por parte de los proveedores de Internet no se ha hecho esperar. La ANEI (Asociación Nacional de Empresas de Internet) ha manifestado al Ministerio de Ciencia y Tecnología su disconformidad con la iniciativa de almacenamiento de datos. Incluso vaticina que esta medida podría suponer un aumento de costes que significaría poner en peligro la supervivencia de este tipo de empresas y del propio sector en el país.
No obstante, la nueva redacción de la LSSI obligará a los ISP a retener sólo las reseñas «imprescindibles para identificar el origen de los datos alojados y el momento en que se inició la prestación del servicio», que únicamente podrán ser utilizados «en el marco de una investigación criminal o para la salvaguarda de la seguridad pública y la defensa nacional» u otros fines permitidos por la ley. Aún así, el portavoz socialista Félix Lavilla, considera que esto supone «sacrificar la privacidad».
Uso de los datos
Otra de las grandes preocupaciones de muchos internautas es el uso que se pueda hacer de esos datos. Se temen posibles filtraciones con fines comerciales, lo que supondría, por ejemplo, realizar estudios sobre los sitios web más utilizados, el diseño de campañas publicitarias más efectivas o una recolección masiva de direcciones de correo electrónico. Una práctica que será penada con multas de entre 150.001 y 600.000 euros para aquellos proveedores que utilicen estos datos para fines distintos a los previstos en la ley.
Pero la retención de datos no sólo afecta a España. Ésta es la razón por la cual numerosas organizaciones han ideado ingeniosas formas de combatir estas medidas. Una de las acciones más llamativas es la llevada a cabo por la organización Global Internet Liberty Campaign, que ha puesto en marcha la campaña SOS Privacidad , la cual tiene por objeto recoger firmas para que el Parlamento Europeo no apruebe la directiva comunitaria que permitiría a los Estados miembros obligar a los ISP a almacenar los datos de las comunicaciones electrónicas. Un problema para muchos cibernautas, que sienten como su libertad en la red se ve vulnerada.
