Las telecomunicaciones y el sector financiero acaparan la mayoría de las reclamaciones (56%) presentadas por los ciudadanos el año pasado ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). La memoria de este organismo correspondiente a 2006, presentada ayer, desvela un incremento de las quejas de los ciudadanos de un 11%.
La AEPD abrió durante el ejercicio pasado más de 1.200 investigaciones como consecuencia de las denuncias de los ciudadanos e impuso sanciones por importe de 24,4 millones de euros, un 15% más que en 2005. Las principales infracciones son la inclusión indebida en los ficheros de morosos y la obtención engañosa de datos para la contratación fraudulenta de servicios.
La AEPD abrió durante el ejercicio pasado más de 1.200 investigaciones. La principal infracción es la inclusión indebida en los ficheros de morosos
Además del 56% de las reclamaciones, las telecomunicaciones y el sector financiero acapararon también el 46% de las sanciones. A lo largo del año se iniciaron 281 expedientes sancionadores y se resolvieron 307, lo que supone un 12% más que el año anterior.
Las entidades financieras generaron 454 investigaciones, seguidas de telecomunicaciones (272), Administración pública (93), «spam» por correo electrónico (53), publicidad (45), sanidad (43), asociaciones (43), agua, gas y electricidad (28), servicios de Internet (27), comercio, automoción, transporte y hostelería (25), videovigilancia (24), fuerzas y cuerpos de seguridad (18), profesionales independientes (14), seguros (13), «spam» a través de fax (12), medios de comunicación (11), asuntos laborales (9) y enseñanza (4).
Reclamaciones de apostasía
El director de la agencia, Artemi Rallo, destacó el hecho de que la Iglesia Católica desoiga las llamadas de su organismo para que proceda a borrar los datos de los registros de bautismo parroquiales de quienes así lo solicitan. Las denominadas reclamaciones de apostasía no llegaban hace dos años hasta la AEPD -que reconoce la plena legitimación del derecho de cancelación de datos en este caso-, pero en los últimos meses más de un centenar de ciudadanos han pedido amparo a la agencia tras haber reclamado sin resultados a la Iglesia que borrara sus datos de los registros.
Así, entre enero de 2006 y junio de 2007 un total de 132 personas recurrieron a la AEPD, después de que los obispados a los que se habían dirigido obstaculizaran o denegaran su reclamación de apostasía y de cancelación de datos en los registros eclesiásticos. La Iglesia se escuda para su negativa en los acuerdos entre el Estado y la Santa Sede de 1979 y en el carácter histórico de los datos que tiene en su poder.
Artemi Rallo indicó que la mayor parte de esas resoluciones fueron atendidas por numerosas diócesis episcopales, «singularmente la de Valencia, en menor medida la de Madrid».
La agencia está a la espera de que una resolución de la Audiencia Nacional sobre las causas recurridas genere jurisprudencia.
Distribución territorial
En cuanto distribución territorial, las entidades con sede en Madrid ocuparon el primer lugar de las reclamaciones, con un 60% de las en actuaciones previas de inspección, y un 66% de los procedimientos sancionadores. Tras la Comunidad de Madrid, aparecen las comunidades autónomas de Cataluña en segundo lugar y Andalucía en tercera posición. En cuanto a la procedencia de las denuncias se produce una tendencia similar, siendo Madrid la que ocupa la primea posición con un 27%, seguida de Cataluña con un 13% y Andalucía, con un 11%.
Según señaló en rueda de prensa el director de la Agencia de Protección de Datos, el aumento del número de reclamaciones y actuaciones evidencia un «mayor conocimiento» de los españoles de sus derechos, y no un mayor número de transgresiones, si bien admitió que el conocimiento ciudadano es todavía muy escaso.
