Buscando una mejor protección de los niños mediante sistemas de filtrado para discriminar los contenidos ilícitos o nocivos en Internet, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó ayer el Decreto de Protección del Menor en el Uso de Internet y las Tecnologías de la Información y el Conocimiento (TIC). Se prevé que las medidas e instrumentos recogidos en la norma, que supondrán una inversión de un millón de euros, estén en funcionamiento en un plazo aproximado de seis meses.
El principal objetivo de esta normativa es garantizar el acceso seguro de los menores a la sociedad de la información, explicó el consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, Francisco Vallejo. Asimismo, el decreto pretende favorecer su formación en un manejo adecuado de las tecnologías y establecer medidas de prevención y control que reduzcan los riesgos de exponerse a contenidos ilícitos en Internet. Para ello, se han previsto sanciones para quien lo vulnere.
Esta norma, la primera de estas características aprobada en España, desarrolla la Ley de los Derechos y la Atención al Menor, según apuntó Vallejo. Además de las medidas dirigidas a los menores, el decreto también contempla algunas disposiciones para familiares, profesores y administraciones públicas, añadió. Así, se prevé la elaboración de guías de orientación sobre el buen uso de Internet dirigidas a los menores, a los padres y a los docentes, adaptando el formato y el contenido a los distintos tramos de edad.
Con el mismo propósito, la Junta promoverá el Portal Infantil de Andalucía, que facilitará a los padres y a los niños recursos para iniciarse de forma segura en las tecnologías de la información. Este nuevo servicio identificará enlaces a sitios que garanticen la calidad y la seguridad en sus contenidos, así como un área de descarga de filtros, buzones de preguntas y sugerencias, foros y publicaciones, entre otras secciones.
El nuevo decreto también hará posible el establecimiento de un sistema de recepción de denuncias o reclamaciones ante la localización en la Red de contenidos ilícitos, fraudulentos o perniciosos para los menores. La norma contiene además un régimen sancionador en caso de incumplimiento de los derechos de los menores en relación con Internet y las TIC, con multas que en el caso de las infracciones muy graves pueden alcanzar los 600.000 euros.
