El acceso a Internet por banda ancha llegará a la mitad de los hogares españoles en el corto plazo de tres años, según la perspectiva con la que trabajan las operadoras de telecomunicaciones. Además, la velocidad máxima se multiplicará por cinco, hasta alcanzar capacidades de transmisión de 50 megas, lo que tendrá repercusiones positivas para la televisión de alta definición y otros usos cada vez más populares en las casas.
La OCDE ha señalado este verano que el desafío que van a afrontar por las compañías reside, precisamente, en la extensión de la alta velocidad con un suministro de calidad, lo que ya requiere una inversión multimillonaria. No obstante, no hay una solución universal para estos retos y los países que han comenzado a facilitar el desarrollo de la red de fibra óptica han adoptado diferentes métodos. «Los gobiernos, industrias y autoridades locales deben colaborar hasta alcanzar un acuerdo», sugirió la organización.
A fecha de hoy, la fibra óptica es la solución más adecuada a este reto. Sin embargo, implica, a su vez, dos tipos de trazado, el transporte y el último tramo. Para el primero, en España puede darse el aprovechamiento de las redes eléctricas o ferroviarias de capacidad. Resta llevar la red a la puerta de cada edificio, y aquí tropiezan los intereses económicos con los sociales. La Comisión Europea ha consultado con los países antes de legislar sobre esta materia. Y el regulador de cada uno de los Estados se ha dirigido a los operadores afectados para preguntarles su opinión. Por primera vez, la española Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y las principales compañías han expresado ideas coincidentes. El mejor desarrollo se producirá con una pauta distinta para las diferentes zonas.
La pasada semana, en Santander, lo propuso Telefónica y lo refrendó la CMT. «Hay que buscar trajes adecuados a cada situación», argumentó. La regulación se aligerará en aquellos mercados -los de demanda intensiva-, donde existe competencia real entre, al menos, dos operadoras con redes propias. En estas zonas se fomentarán los acuerdos comerciales voluntarios. Las discrepancias se agudizan en los ámbitos donde la extensión de la banda ancha a través de la fibra óptica ya no es un negocio claro. Una demanda potencial mucho menos activa podría ser atendida mediante un sistema mixto. Allí donde no exista competencia de al menos dos operadores con red de banda ancha -ya sea fija, móvil o inalámbrica- el regulador seguirá obligando a la compañía dominante a abrir sus redes de acceso al resto de las compañías, y le fijará unos precios máximos. Finalmente, para aquellos territorios donde no exista interés comercial en la implantación los operadores, y en concreto Telefónica, han defendido que sean los fondos públicos los que soporten la inversión en redes. A la CMT tampoco le desagrada este principio, por lo que el regulador defenderá ante Bruselas la diferenciación por zonas.
