La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias de oficio para investigar un presunto delito de estafa por parte de la dirección de la aerolínea Air Comet, que al parecer autorizó la venta de pasajes pese a saber que la quiebra de la compañía era inminente. Air Comet cerró el 21 de diciembre y dejó en tierra a unos 7.000 viajeros, mientras que casi 700 empleados quedaron sin trabajo.
El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, ha adoptado esta decisión contra el criterio del magistrado Santiago Pedraz, quien unos días antes rechazó tramitar una denuncia interpuesta por ocho asociaciones de consumidores en nombre de medio millar de afectados. Argumentaba Pedraz que la acusación formulada por los usuarios eran «meras afirmaciones» insuficientes para iniciar un procedimiento penal. El Ministerio Público discrepa y cree que de la denuncia «se desprenden con meridiana claridad hechos de apariencia delictiva» que afectaron a «un elevado número de personas».
La Fiscalía quiere aclarar si Air Comet vendió un elevado número de billetes en diciembre de 2009 pese a saber que «no iba a poder prestar el servicio de transporte aéreo contratado». Una de las claves de la investigación será el informe solicitado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional para averiguar si la compañía mantuvo abiertos sus canales de venta después del 18 de diciembre. Ese día un juez de Londres ordenó cesar de inmediato la venta de billetes e inmovilizar al lunes siguiente sus aviones por no pagar los 17 millones de euros que debía en concepto de alquiler al banco alemán HSBC Nord Bank, propietario de los aparatos.
Las asociaciones de consumidores han entregado un recurso de apelación a la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, a la que piden que obligue al juez a investigar los hechos. Los afectados aportan los datos recibidos por centenares de viajeros, que acreditarían «la venta de billetes y correlativa percepción de cantidades, al menos hasta los días 18 y 19 de diciembre», cuando los directivos ya tenían «pleno conocimiento de la situación de manifiesta insolvencia e imposibilidad del cumplimiento de las obligaciones asumidas». Sin embargo, la aerolínea mantiene que cumplió las órdenes del juez británico y que no vendió billetes a sabiendas de que no podría volar.
