Un 20% de los contratos de alquiler disponen de cláusulas de arbitraje para prevenir y resolver posibles conflictos entre arrendador y arrendatario, lo que representa un incremento en torno a siete puntos con respecto a la tasa del pasado año, cuando se situó en el 13%. Además, la Asociación para el Fomento del Alquiler y el Acceso a la Vivienda (Arrenta) apuntó que durante este año uno de cada cuatro arrendamientos podrían firmarse «con un convenio de arbitraje anexo».
Este incremento de las cláusulas de arbitraje se atribuye a la crisis, que ha «disparado la desconfianza de los propietarios». Según Arrenta, «el 85% de los propietarios teme no cobrar las rentas o sufrir destrozos en la vivienda», por lo que no se arriesga a firmar un contrato de arrendamiento si no es con una cobertura adicional que le de tranquilidad. Además del arbitraje, los contratos incluyen garantías de cobro de rentas o seguros de actos vandálicos.
El arbitraje es una vía paralela y sustitutoria de la Justicia Ordinaria por la que, en caso de conflicto entre dos o más partes, un tercero neutral e imparcial, denominado árbitro, resuelve la controversia con un laudo (sentencia) que es de obligado cumplimiento, no recurrible y ejecutable.
Arrenta destaca que se trata de una fórmula rápida, económica y eficaz, dado que se obtiene una sentencia firme en un plazo mucho más rápido. Esta agilidad posibilita un ahorro medio de seis meses en comparación con acudir a los Juzgados.
