Más de la mitad de los arrendamientos de viviendas localizados en España son alquileres sumergidos que escapan del control de Hacienda. Se calcula que más de un millón de alquileres no están declarados, lo que representa el 54% del total del parque de viviendas arrendadas, según el «Informe sobre los Alquileres Sumergidos en España» realizado por los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).
El estudio de Gestha, elaborado a partir del cruce de los últimos datos disponibles de la Agencia Tributaria y del Ministerio de Vivienda, cifra en más de 2.450 millones de euros anuales las rentas sumergidas derivadas del arrendamiento de vivienda, calculadas con las reducciones aplicables (excluyendo de este cómputo los alquileres relacionados con garajes, locales, solares, oficinas y otros inmuebles similares).
El informe revela que, si bien la reforma fiscal aplicada por primera vez en 2007 permitió que afloraran 89.766 alquileres sumergidos, el fraude en este sector apenas se ha reducido en tres puntos porcentuales en el último año, al pasar del 57,1% al 54%. Gestha atribuye este «reducido impacto» de la reforma a los límites establecidos, según los cuales sólo pueden beneficiarse de una reducción del 100% del rendimiento neto aquellos propietarios cuyos inquilinos -trabajadores o autónomos- tengan entre 18 y 35 años y unos rendimientos netos superiores a 7.236,60 euros”.
Denuncia que tres años después de la entrada en vigor de la Ley de Prevención del Fraude Fiscal, la Agencia Tributaria no ha aprobado todavía la norma que permitiría la aplicación efectiva de la medida que obligaba a las compañías suministradoras de energía eléctrica, agua y gas a facilitar los consumos de todas las viviendas, con el fin de permitir la identificación de los inmuebles que se cree están desocupados, pero que en realidad esconden una alquiler sumergido.
Distribución geográfica
Cataluña, Andalucía, y Madrid, son las comunidades que concentran, con el 68% del total, el mayor número de alquileres sin declarar, mientras que La Rioja, Cantabria y Aragón son las que menos arrendamientos ilegales presentan.
Con respecto a la cuantía defraudada, Cataluña lidera el ranking nacional con más de 740 millones de euros anuales de rentas no declaradas por arrendamiento de vivienda, seguida de las comunidades de Madrid y Andalucía, con 709,7 y 404,4 millones de euros, respectivamente. En el Archipiélago Canario el fraude estimado en alquileres de vivienda es de 148,6 millones de euros, mientras que en la Comunidad Valenciana y en Baleares asciende a 123,6 y 78,3 millones de euros cada año, respectivamente.
Según el informe, los propietarios de inmuebles que defraudan en mayor medida a la Hacienda Pública se localizan principalmente en Andalucía, donde más del 74% del parque de viviendas alquiladas no están declaradas oficialmente. Le siguen Extremadura (69,80%), Canarias (64,51%) y Murcia (64,11%). Por el contrario, el «comportamiento fiscal más ejemplar» se localiza en Aragón, donde sólo el 16,27% de los alquileres escapan del control de Hacienda.
Para combatir este fraude Gestha considera que se debe cumplir la Disposición adicional cuarta de la Ley de Prevención del Fraude, según la cual se deben aprobar medidas para que los técnicos del Ministerio de Hacienda puedan realizar funciones superiores en la lucha contra el fraude fiscal y en el control de las subvenciones.
