El Congreso de los Diputados rechazó ayer la toma en consideración de una proposición no de ley de IU-ICV, que defendía una modificación de la legislación actual en materia de Haciendas Locales e Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para permitir a los ayuntamientos aumentar entre un 50% y 150% el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de las viviendas desocupadas, con el objetivo de impulsar el alquiler y frenar la especulación inmobiliaria.
También pedía modificar la ley de IRPF estableciendo un porcentaje mayor para calcular la renta imputada a aquellos inmuebles que se encontraran desocupados permanentemente y que no tuvieran el carácter de domicilio habitual.
El diputado de IU-ICV Joan Herrera, que defendió la iniciativa, recordó que el artículo 47 de la Constitución recoge el derecho de todos los españoles a disfrutar de «una vivienda digna», pero denunció que la propiedad de la vivienda «se ha convertido en una mercadería impulsada por la especulación del suelo». «El legislador tiene la obligación de legislar para buscar soluciones», agregó.
Presupuesto de 2006
El representante del PSOE en el debate, Juan Manuel Armas, afirmó que su grupo parlamentario rechazaba la toma en consideración por discrepancias sobre lo que podría entenderse como «vivienda desocupada y de carácter permanente». También señaló que el Gobierno ya ha adoptado medidas para impulsar y dinamizar el mercado de alquiler, como la Agencia Pública de Alquiler.
Por otro lado, el presupuesto del Ministerio de Vivienda para 2006 asciende a 1.045,32 millones de euros, lo que representa un incremento del 20% respecto a los 871 millones de este año, según figura en el Proyecto de Ley de Presupuestos presentado por el Ministerio de Economía.
El programa plurianual -aprobado el pasado mes de julio- cuenta con un volumen total de recursos financieros de más de 6.822 millones, cantidad muy alejada de los 1.000 millones que manejará en 2006 el departamento de María Antonia Trujillo.
De estos 1.000 millones de euros 239,4 servirán para subvencionar, entre otras cosas, las actuaciones protegidas en materia de promoción o cesión de viviendas libres o rehabilitadas, el apoyo económico a los inquilinos, la rehabilitación y la adquisición, y la urbanización de suelo. Conceptos para los que el Plan 2005-2008 prevé un gasto total de 1.985 millones de euros.
Con otros 239,78 millones, Vivienda subsidiará los préstamos concedidos para la compra de casas protegidas. Una partida que asciende en todo el programa a 2.998 millones de euros. El tercer gran apartado será el de las ayudas estatales directas, con 438,42 millones.
